Los abogados jóvenes reclaman el derecho a discrepar de las resoluciones judiciales

Discrepar públicamente de las resoluciones judiciales es para los abogados un derecho y en muchos casos un deber, y para todos los ciudadanos, un derecho reconocido por la Constitución, según se pone de manifiesto en una de las conclusiones del II Congreso de Abogados Jóvenes de España, celebrado el pasado fin de semana en Madrid.

Durante cuatro días, quinientos abogados jóvenes pertenecientes a colegios de abogados de toda España han reflexionado sobre los problemas específicos de su profesión y sobre las cuestiones legales actualmente más candentes, como son el alarmante aumento de la...

Discrepar públicamente de las resoluciones judiciales es para los abogados un derecho y en muchos casos un deber, y para todos los ciudadanos, un derecho reconocido por la Constitución, según se pone de manifiesto en una de las conclusiones del II Congreso de Abogados Jóvenes de España, celebrado el pasado fin de semana en Madrid.

Durante cuatro días, quinientos abogados jóvenes pertenecientes a colegios de abogados de toda España han reflexionado sobre los problemas específicos de su profesión y sobre las cuestiones legales actualmente más candentes, como son el alarmante aumento de las renuncias a la asistencia letrada al detenido que se viene detectando en las comisarías, la despenalización del aborto y la situación actual del abogado en las defensas penales, sobre todo en los procesos por terrorismo ante la Audiencia Nacional.Dividido el congreso en cuatro comisiones de trabajo, la primera de ellas estudió el tema de la institucionalización de los grupos de abogados jóvenes, sus medios de expresión y sus formas de interrelación; la segunda, el funcionamiento de la Administración de justicia, fundamentalmente en el campo penal; la tercera, el derecho laboral y la Seguridad Social, y la cuarta, el derecho de familia.

En relación con el tenia de la institucionalización de los grupos de abogados jóvenes, el pleno del congreso rechazó el contenido del proyecto de Estatuto General de la Abogacía, actualmente pendiente de aprobación por el Gobierno, por la forma en que fue aprobado, por los colegios de abogados y por negar a los abogados menores de 45 años el derecho a organizarse en el marco de los colegios.

Los congresistas estimaron que los grupos de abogados jóvenes no pueden ser meros apéndices de las juntas de gobierno de los colegios, sino que han de contar con un margen de autonomía con capacidad para establecer sus normas electorales y de funcionamiento, tornar decisiones en el ámbito que les es propio y establecer relaciones entre ellos y con entidades supranacionales.

El funcionamiento de la Administración de justicia ha sido el tema más ampliamente abordado por los congresistas y sobre el que se han elaborado el mayor número de conclusiones. Además de reclamar el derecho a discrepar públicamente de las resoluciones judiciales -en este punto han mostrado su preocupación por el procesamiento del letrado José María Mohedano por criticar una sentencia-, los congresistas han aprobado también mociones en las que se piden la despenalización del aborto y la protección más firme para los afectados por el síndrome tóxico, así como la actuación deeldída de los organisnios judiciales en la determinación de responsabilidades por la enfermedad. En relación con este último punto, los congresistas mostraron su preocupación por la abstención sístemátíca de los funcionarios del ministerio fiscal en la persecución de los delitos económicos y sociales, así como por la fijacíón de fianzas abusivas en el ejercicio de la acción popular. También expresaron públicamente su preocupación por el incumplimiento por el Fondo de Garantía Salarial de los plazos establecidos para el abono de las prestaciones.

En el ámbito de la defensa penal, los congresístas mostraron su acuerdo en instar la reforma oportuna para que el nombramiento de abogado de oricio se realíce desde la primera diligencia judícial; en que el período máximo de detención se reduzca, como ocurre en la mayor parte de los países europeos, a 24 horas, y que, cuando el detenido se niegue a declarar, pase inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Los congresistas tambíén se mostraron de acuerdo con la necesidad de que se promulgue cuanto antes una ley del jurado.