Las Fuerzas Armadas y el orden público

EL INCIDENTE ocurrido en La Coruña el pasado domingo, cuando un capitán -vestido de paisano y enarbolando una pistola reglamentaria- ordenó a dos secciones de la Policía Militar disolver una manifestación autorizada, recibe su grave significado de la pesada y crispada situación que vive nuestro país desde el 23 de febrero. De otra forma, la estampa habría ingresado por derecho propio en un esperpento de Valle-Inclán. Afortunadamente, y pese al disparo al aire producido, no hubo que lamentar desgracias. Sin embargo, las dimensiones grotescas de¡ suceso y la ausencia de sangre no pueden ocultar ...

EL INCIDENTE ocurrido en La Coruña el pasado domingo, cuando un capitán -vestido de paisano y enarbolando una pistola reglamentaria- ordenó a dos secciones de la Policía Militar disolver una manifestación autorizada, recibe su grave significado de la pesada y crispada situación que vive nuestro país desde el 23 de febrero. De otra forma, la estampa habría ingresado por derecho propio en un esperpento de Valle-Inclán. Afortunadamente, y pese al disparo al aire producido, no hubo que lamentar desgracias. Sin embargo, las dimensiones grotescas de¡ suceso y la ausencia de sangre no pueden ocultar el alcance de este atentado contra el funcionamiento de nuestro Estado de derecho, basado en la supremacía de la Constitución, la separación de poderes y el predominio sobre la Administración civil y militar de un Gobierno designado por el Parlamento.La Policía Militar cumple funciones disciplinarias dentro del universo castrense, y sus misiones habituales suelen limitarse a impedir los alborotos o los excesos de los soldados que disfrutan de permiso fuera de los cuarteles. Incluso durante el régimen anterior, las Fuerzas Armadas permanecieron al margen del mantenimiento del orden público en la sociedad civil, tarea asignada a la Policía Armada -ahora Policía Nacional-, en los núcleos urbanos, y a la Guardia Civil, en las zonas rurales. Ese cuidado del Ejército por no asociar su imagen institucional con los conflictos ciudadanos se hizo extensivo a las manifestaciones ¡legales, frecuentes en una época en la que la estrechez de las leyes y la amplitud de la protesta social y política contribuían a la exasperación de los discrepantes de la calle.

Resulta sorprendente que en la España democrática, a diferencia de la España franquista, un oficial de las Fuerzas Armadas resuelva, por su cuenta y riesgo, emplear hombres confiados a su mando para tareas de orden público, que exceden a sus competencias y rebasan sus atribuciones. Pero ese desconcierto se transforma en asombro al comprobar que esa manifestación agredida por el capitán Lorenzo Fernández había sido previamente autorizada y se acogía al artículo 21 de la Constitución, que garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas. La intervención del oficial -calificada de "inadmisible e injustificable" por el gobernador civil de La Coruña- se realizó, para mayor bochorno, en presencia de las Fuerzas de Orden Público, que custodiaban el acto, y justo en el momento en el que los oradores tomaban la palabra.

La enérgica reacción del gobernador civil y del ministro del Interior y las rápidas medidas adoptadas por el gobernador militar de La Coruña merecen el elogio que siempre debe rendirse al recto cumplimiento de las leyes por las autoridades. La nota de la oficina de información del Ministerio de Defensa, aunque hecha pública con celeridad y seguramente animada por el loable propósito de aclarar todos los extremos del incidente, ofrece, sin embargo, un lado criticable. Porque el pretexto dado por el capitán Fernández para su irresponsable actuación -haber creído escuchar gritos contra las Fuerzas Armadas- no guarda más relación con el caso que la de servir tal vez de circunstancia subjetivamente atenuante para un comportamiento objetivamente "inadmisible e injustificable". A las Fuerzas de Orden Público les corresponde cuidar de que los ciudadanos cumplan las leyes, mientras que a la Policía Militar sólo le incumbe la vigilancia de los hombres que sirven en las Fuerzas Armadas. Y un oficial del Ejército tiene forzosamente que saber que esa fuerza que la sociedad le entrega, poniendo bajo sus órdenes hombres armados y uniformados, sólo será legítima si se ejerce en el marco de las leyes que la Constitución sustenta, dentro del estricto campo de competencias que las normas deslindan y con arreglo a las reglas disciplinarias y jerárquicas establecidas por la cadena de mando militar.

Por lo demás el gobierno no debe hurtar la cara ante la eventualidad de que provocaciones como la del domingo en Galicia puedan tener lugar -y es lamentablemente obvio que la provocación a la que nos referimos no par¿ tió precisamente de los pacíficos manifestantes-. La fotografia de la primera página de hoy de este periódico aparte de que hará enrojecer de bochorno a cualquier ciudadano que cree que este país merece mejor trato del que algunos se empeñan en darle, debe dar que pensar a un gabinete que se esfuerza por incorporarnos a Europa, donde además de la Alianza Atlántica existe la realidad reciente de una verdadera oleada de manifestaciones pacifistas, anti-Otan y antimilitaristas que no han recibido la amenaza de la pistola de un soldado como contestación. O el poder civil ejerce sus prerrogativas y hace que la ley se cumpla en todas las instancias de este país o a la crisis política que todavía padecemos sucederá de manera inevitable la crisis institucional y la del régimen. Como dice el viejo adagio, el que avisa no es traidor. Ya son muchos los avisos.