El Pleno del Congreso inicia los trámites para modificar el Estatuto de Centros Escolares

El Pleno del Congreso acordó ayer tomar en consideración una proposición socialista para modificar el Estatuto de Centros Escolares, por 126 votos a favor, seis en contra (Coalición Democrática) y 135 abstenciones (UCD). El socialista Luis Gómez Llorente explicó que la nueva ley cubrirá el vacío de la parte del Estatuto que en su día declaró nula el Tribunal Constitucional, mientras el centrista Miguel Herrero anunció numerosas enmiendas para mantener la filosofía de UCD sobre la libertad de enseñanza.

Los socialistas proponen sustituir el artículo 18.1 del Estatuto, que establecía una ...

El Pleno del Congreso acordó ayer tomar en consideración una proposición socialista para modificar el Estatuto de Centros Escolares, por 126 votos a favor, seis en contra (Coalición Democrática) y 135 abstenciones (UCD). El socialista Luis Gómez Llorente explicó que la nueva ley cubrirá el vacío de la parte del Estatuto que en su día declaró nula el Tribunal Constitucional, mientras el centrista Miguel Herrero anunció numerosas enmiendas para mantener la filosofía de UCD sobre la libertad de enseñanza.

Los socialistas proponen sustituir el artículo 18.1 del Estatuto, que establecía una sola asociación de padres para cada centro, por una nueva redacción que abre la posibilidad de pluralidad de asociaciones. Asimismo, pretenden que en el consejo escolar se integren cuatro representantes elegidos por los padres o tutores de los alumnos del centro. Proponen una nueva composición para la junta económica de cada escuela y una nueva redacción al artículo 34.3: «En los centros o niveles sostenidos con fondos estatales o de otras entidades públicas, el régimen de control y gestión se atendrá a lo que específicamente se establezca».Luis Gómez Llorente advirtió que, al margen de estas modificaciones, los socialistas se proponen, cuando tengan mayoría parlamentaria suficiente para ello, cambiar en su integridad el Estatuto de Centros Escolares. Manifestó que mientras tanto tratarán de dar sentido constitucional a esta ley -anticipó igual intención respecto a la ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria- y especialmente facilitar la correcta interpretación del artículo 27.7 de la Constitución, que establece la intervención de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, en «el control y destino de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos».

Las referencias al anterior ministro de Educación, José Manuel Otero, promotor del Estatuto de Centros Escolares, fueron seguidas durante todo el debate por abucheos desde los bancos socialistas. El actual ministro de Educación y Ciencia, Juan Antonio Ortega -que hizo ademanes de protestar por las muestras de desagrado hacia su compañero de partido- recibió también algunas críticas.

Intervino extensamente el portavoz del Grupo Parlamentario Centrista y uno de los protagonistas de la elaboración, el pasado año, del Estatuto de Centros Escolares, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 13 de febrero último. Miguel Herrero advirtió que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista no cumple la finalidad de llenar los vacíos legales, por lo que su grupo la enmendará ampliamente. Herrero aseguró que de los múltiples motivos alegados por los socialistas, el Tribunal Constitucional no había aceptado los fundamentales.

El portavoz centrista elogió irónicamente la sinceridad y honestidad de los socialistas españoles al anunciar que cambiarán la concepción de la libertad de enseñanza que prosperó en el vigente texto legal. Contrapuso esta actitud con la del Partido Socialista francés, que nunca había avisado de sus propósitos en este sentido, por lo que «ahora los franceses ven amenazada la libertad de enseñanza». Este comentario fue premiado por un pateo desde la izquierda, y más tarde Gómez Llorente mostró su asombro por el ataque a Gobiernos extranjeros con los que España mantiene relaciones amistosas. Herrero reclamó libertad de expresión para opinar, «no ya sobre Gobiernos, sino sobre movimientos políticos europeos, que en ningún parlamento se pone en tela de juicio».

Herrero aseguró que la libertad de los padres para elegir centros continúa siendo constitucional, y asimismo que la libertad de cátedra deberá atemperarse al idearlo del centro. Insistió en que la financiación de todos los centros asegurará que la libertad de enseñanza pueda hacerse realidad, y respecto al control de los centros, dijo que una cosa es participar en él, como dice la Constitución, y otra ejercerlo. Asimismo ofreció la interpretación de que los centros subvencionados deben ser instrumento de libertad, no instrumento para socavar esa libertad».

Gómez Llorente manifestó que la libertad de enseñanza no debe favorecer «el hegemonismo religioso e ideológico de numerosos centros, que hace infructuoso el derecho de elección». Explicó la doctrina socialista sobre la escuela pública, según la cual ésta debe ser configurada por los padres, «y no el padre director o la madre superiora, que son los que de verdad gozan de libertad. Si en esos centros paga la nación, que sean los padres los que puedan determinar el tipo de educación».