Un refugiado vasco, alejado de la frontera franco-española
El refugiado Félix Alberto García, cuya extradición fue desestimada por la Cámara de Acusación de Pau (Francia) el 8 de julio, ha sido trasladado por la policía al departamento de Morbihan. en la región de Bretaña, donde deberá residir por decisión administrativa.La asignación de residencia obligatoria a García en el departamento citado, lejos de la frontera hispano-francesa, podría ser el principio de una serie de decisiones similares que afectarían a todos aquellos refugiados de los que las autoridades españolas han solicitado la extradición o que han sido detenidos por presuntos delitos com...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El refugiado Félix Alberto García, cuya extradición fue desestimada por la Cámara de Acusación de Pau (Francia) el 8 de julio, ha sido trasladado por la policía al departamento de Morbihan. en la región de Bretaña, donde deberá residir por decisión administrativa.La asignación de residencia obligatoria a García en el departamento citado, lejos de la frontera hispano-francesa, podría ser el principio de una serie de decisiones similares que afectarían a todos aquellos refugiados de los que las autoridades españolas han solicitado la extradición o que han sido detenidos por presuntos delitos cometidos en suelo galo, por lo general posesión de armas sin licencia o uso de documentación falsa.
Medios nacionalistas del País Vasco francés han mostrado su confianza en que la medida administrativa de alejamiento de la frontera aplicada a García, presunto miembro de los comandos autónomos anticapitalistas, no sea empleada indiscriminadamente con todos los refugiados residentes en zonas más o menos próximas al territorio español.
Por otra parte, ha quedado en libertad Joseba Jaca, empleado de una librería de San Sebastián, que había ingresado en la prisión de Martutene el domingo, a disposición de la autoridad judicial. Al cruzar la frontera de Irún, una de las terminales informáticas allí instaladas, conectada con la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE), indicó que existía una orden de busca y captura de 1973, a pesar de que Jaca explicó que el presunto delito estaba ya amnistiado.