Editorial:

Camada negra

LA DESARTICULACION de una banda armada de ultraderecha, sobre cuyos miembros recaen gravísimas acusaciones de actividades terroristas, entre otras el atentado contra EL PAIS que produjo graves lesiones a dos trabajadores y la muerte de Andrés Fraguas, da motivo para el público homenaje a las Brigadas Regionales de Policía Judicial e Información de todos los ciudadanos; que reclaman la igualdad ante la ley de todos los españoles y condenan el ejercicio de la violencia, provenga de la derecha o nazca de la izquierda. Al poder judicial incumbe esclarecer las responsabilidades de los presuntos ter...

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LA DESARTICULACION de una banda armada de ultraderecha, sobre cuyos miembros recaen gravísimas acusaciones de actividades terroristas, entre otras el atentado contra EL PAIS que produjo graves lesiones a dos trabajadores y la muerte de Andrés Fraguas, da motivo para el público homenaje a las Brigadas Regionales de Policía Judicial e Información de todos los ciudadanos; que reclaman la igualdad ante la ley de todos los españoles y condenan el ejercicio de la violencia, provenga de la derecha o nazca de la izquierda. Al poder judicial incumbe esclarecer las responsabilidades de los presuntos terroristas, calificar los comportamientos delictivos de cada cual y dictar las sentencias correspondientes. Pero los inspectores del Cuerpo General de Policía que han realizado las pesquisas y han practicado las detenciones son, en cualquier caso, un claro exponente de los ya numerosos funcionarios públicos comprometidos sinceramente en nuestro país con la defensa de la Constitución, las instituciones democráticas y la seguridad ciudadana. El colectivo de hombres y mujeres que hacemos EL PAIS no podemos sino manifestar nuestro emocionado reconocimiento a la perseverancia de unos inspectores que no permitieron que el crimen perpetrado el 30 de octubre de 1978 cayera en el olvido de los expedientes archivados.El presidente del Gobierno ha expuesto, en la conferencia de Prensa de ayer, su creencia de que esta banda criminal no mantiene conexiones con el resto de las tramas negras que amenazan en España y en otros países europeos el régimen de libertades y la vida de los ciudadanos. Aun respetando esa opinión, cualificada por su privilegiado acceso a fuentes de información confindenciales, resultaría arriesgado descartar otras hipótesis alternativas y sería censurable disuadir a los servicios de información para que trabajaran en otras direcciones. Resulta obligado señalar, aunque decirlo pueda remover viejas heridas, que es un secreto a voces la colaboración en el pasado de algunos de los detenidos, movidos por el fanatismo o por otras causas bastante más pragmáticas, con servicios paralelos controlados por funcionarios públicos que confundían su estatuto de servidores del Estado con la condición de propietarios de sus cargos y traicionabanb la obligada neutralidad política de sus actuaciones para favorecer opciones partidistas e ideológicas de ultraderecha. En este sentido, hay demasiados viejos conocidos en la lista de detenidos, desde Leocadio Jiménez Caravaca, procesado en el sumario de la matanza de Atocha, hasta el tristemente célebre José de las Heras, que comenzó su carrera de matón en el campus universitario.

Queda, finalmente, la lógica presunción de que las autoridades gubernativas y el poder judicial realizarán la encuesta de rigor para esclarecer, sin lugar a dudas, las circunstancias del accidente que produjo el fallecimiento de Tomás Antón Torregrosa. La ley debe ser igual para todos, y los detenidos por presuntas actividades terroristas, sean de ultraderecha o de ultraizquierda, están acogidos a los derechos que la Constitución reconoce y que la ley Antiterrorista sólo parcialmente limita.

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