Un accidente grave en la central de Lemóniz obligaría a evacuar a un millón de personas

De aplicarse a la central de Lemóniz las nuevas normas de seguridad para las plantas nucleares introducidas en Estados Unidos a raíz del accidente de Harrisburg, sería preciso elaborar un plan de evacuación de urgencia que afectaría a no menos de un millón de personas, habitantes de los municipios comprendidos en el área del Gran Bilbao, en el caso de que se registrase un percance grave en la planta vizcaína. La inviabilidad práctica de un plan de esta envergadura, ampliamente desarrollada en un informe que acaba de elaborar la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear, se ha convertid...

De aplicarse a la central de Lemóniz las nuevas normas de seguridad para las plantas nucleares introducidas en Estados Unidos a raíz del accidente de Harrisburg, sería preciso elaborar un plan de evacuación de urgencia que afectaría a no menos de un millón de personas, habitantes de los municipios comprendidos en el área del Gran Bilbao, en el caso de que se registrase un percance grave en la planta vizcaína. La inviabilidad práctica de un plan de esta envergadura, ampliamente desarrollada en un informe que acaba de elaborar la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear, se ha convertido en el eje de la argumentación actual de los antinucleares vascos.

Esa argumentación había sido adelantada ya el 16 de mayo de 1979 -dos meses después del accidente de la central americana- por el socialista Txiki Benegas ante el Congreso de los Diputados: «Las medidas de seguridad adoptadas por nuestras centrales nucleares son las de la nación origen del reactor. Entre las medidas que la NRC está estudiando voy a señalar solamente dos por su importancia: la ampliación del área de evacuación, establecida en ocho kilómetros, a veinticuatro o 32 kilómetros, con lo que, si esta medida se adopta, por ejemplo, haría inviable Lemóniz, puesto que un plan de evacuación de todo Bilbao es técnicamente imposible y económicamente no rentable, y la necesidad de un doble edificio de contención en las centrales nucleares». «Por ello», concluía Benegas, «pedimos que se paralice Lemóniz, porque entre el riesgo , que es real, para la población y la pérdida de inversiones efectuadas en la central optamos por evitar el riesgo permanente que para los ciudadanos va a suponer la existencia de una central nuclear a quince kilómetros de Bilbao».Plan de emergencia

La empresa constructora de la central de Lemóniz había presentado en febrero de 1976 -o sea, casi cinco años después de iniciadas las obras- un primer plan de emergencia en el que únicamente se contempla la necesidad de evacuación en un radio de un kilómetro y medio en torno a la central, según revelaron los responsables de Iberduero. El 29 de abril último, ante la comisión de encuesta creada por el Parlamento vasco, la empresa decidió emprender, tras el accidente de Hamsburg, la revisión del plan primitivo. Sin embargo, hoy es el día en que el posible alcance de dicha revisión es desconocido. Se sabe que el Gobierno Civil de Vizcaya, a través de la Junta de Protección Civil, había elaborado también un plan que, sin embargo, decidió no hacer público a la vista de la nueva normativa introducida en Estados Unidos a partir de 1979. Un nuevo estudio, actualmente en preparación por el Gobierno Civil, será hecho público a comienzos del próximo otoño.

Criterios de localización en Estados Unidos

El estudio preparado por la Comisión de Defensa pasa revista, en base a informes oficiales de la Administración de Estados Unidos, a la evolución experimentada por los criterios de seguridad nuclear vigentes en dicho país desde el accidente de la central de Three Mille Island. Así, el informe Kemeny, elaborado por una comisión presidencial a finales de 1979, comienza por reconocer la necesidad de «cambios fundamentales» para mantener los riesgos en «Iímites tolerables».

Respecto a la ubicación de las centrales, el informe propone renunciar al concepto de «zonas de baja población», entre otras razones, por la imposibilidad de determinar los efectos de bajos niveles de radiaciones ionizantes y la necesidad, tras el accidente de Harrisburg, de «considerar distancias para la evacuación de hasta 32 kilómetros».

El informe en cuestión desarrollaba en este punto las conclusiones adelantadas en el Report of the siting policy task force, elaborado por la Comisión de Regulación Nuclear (NCR) en agosto de 1979.

El factor decisivo a considerar deberá ser en adelante la densidad del entorno, hasta el punto de que «la información hoy existente puede requerir volver a analizar el problema de la aceptación de una ubicación durante cualquier momento de la vida en funcionamiento de la central».

Las recomendaciones de la NRC sobre baja densidad de población establecen los siguientes límites: en un primer círculo de ocho kilómetros de radio en torno a la central la densidad no debe exceder los 39 habitantes por kilómetro cuadrado; entre nueve y diecisiete kilómetros, el máximo será de 58 habitantes por kilómetro cuadrado, y de diecisiete a 33 kilómetros, de 154 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Lemóniz, y teniendo en cuenta que el centro de Bilbao se encuentra a quince kilómetros en línea recta de la central, la población comprendida tan sólo en los dos primeros círculos sería de aproximadamente un millón de personas.

Misión imposible

En junio de 1980, la comisión especial creada tras el accidente de Harrisburg publicó una primera síntesis de las nuevas normas y recomendaciones sobre planes de emergencia elaborados a partir de dicha experiencia. En el informe se afirma que son «necesarios planes de evacuación de emergencia dentro de los dieciséis kilómetros rodeando a las centrales, además de clara información sobre el control de una exposición accidental a la radiactividad para la población ubicada en un radio de ochenta kilómetros», incluyendo sus efectos sobre los «alimentos a través de animales domésticos y productos agrícolas».Pero incluso si se aceptan criterios menos restrictivos, la aplicación al caso de Lemóniz (capaz de producir en su primera fase una potencia de 1.860 megavatios) de la normativa del país de origen de los reactores implicaría un plan de emergencia que contemplase la posibilidad de evacuar en plazos rapidísimos a, como mínimo, varios cientos de miles de personas. La inviabilidad práctica de un plan de esas características -que, por otra parte, implicaría la existencia de una infraestructura viaria hoy por hoy ni siquiera imaginable- es el primer argumento actual de los antinucleares vascos en favor de sus tesis.

De todas formas, y quizá por escepticismo respecto a la receptividad que las autoridades puedan mostrar ante tales argumentos, los concejales de Euskadiko Ezkerra de la localidad de Plencia, lindante con Lemóniz, presentaron ayer mismo una moción para solicitar del Ayuntamiento la construcción de un refugio antinuclear con capacidad para acoger, en caso necesario, a los 3.000 vecinos del pueblo