España y Guinea Ecuatorial: seguimos empeorando

A punto de cumplirse dos años desde que comenzó la ayuda española al nuevo régimen de Guinea Ecuatorial, resulta obligado analizar las cosas claramente: las autoridades guineanas no han demostrado interés alguno en establecer unas bases sólidas de cooperación con nuestro país con el objeto de luchar contra la miseria y el atraso materiales y culturales de aquel pueblo. En estas condiciones, se impone un examen a fondo por parte de las autoridades españolas y un giro total respecto de lo hecho hasta el presente.Desde enero de 1980, fecha en la que, tras las medidas de emergencia de los primeros...

A punto de cumplirse dos años desde que comenzó la ayuda española al nuevo régimen de Guinea Ecuatorial, resulta obligado analizar las cosas claramente: las autoridades guineanas no han demostrado interés alguno en establecer unas bases sólidas de cooperación con nuestro país con el objeto de luchar contra la miseria y el atraso materiales y culturales de aquel pueblo. En estas condiciones, se impone un examen a fondo por parte de las autoridades españolas y un giro total respecto de lo hecho hasta el presente.Desde enero de 1980, fecha en la que, tras las medidas de emergencia de los primeros meses, se empieza a intentar estructurar un sistema de ayuda (que no cooperación), lo conseguido, a pesar de los indudables errores, ha sido de relativa importancia, aunque siempre sobre bases frágiles, debido, de un lado, a la actitud de las autoridades locales, y de otro, a la inexperiencia de la Administración española en estos cometidos. Los últimos meses prueban que estos dos elementos no parecen cumplir los requisitos mínimos que permitan entrar en una nueva etapa de cooperación integral, seria y eficaz.

Los últimos acontecimientos de Guinea Ecuatorial y, más en general, la actitud ambigua, cuando no hostil, de autoridades de aquel país respecto de la presencia española, dan a entender que el margen de confianza abierto por nuestro país desde hace cerca de dos años debe considerarse agotado. Los responsables guineanos, tras doce años de anarquía, terror y arbitrariedad macistas en los que la gran parte de ellos están formados, no parecen dispuestos a ir por el camino del respeto de los derechos humanos, civiles y económicos, así como de una racionalidad económica que busque el bienestar del sufrido pueblo guineano. Las prácticas macistas de inventarse conspiraciones siguen estando presentes y se abortan con energía y rapidez sorprendentes, esa energía que falta para desmontar otros tinglados que benefician a quienes ayer y hoy disfrutan del poder. En el plano económico, el despilfarro y la corrupción siguen siendo prácticas, al parecer, insuperables. Las autoridades guineanas han sido incapaces de crear un mínimo marco que permita el desarrollo de la iniciativa privada nacional o extranjera. Si a ello unimos la reticencia creciente en los últimos meses de organismos como la CEE y el FMI (al que debería unirse la parte española), vemos que los dirigentes guineanos están cerrando las vías del único desarrollo posible y están echando por la borda una irrepetible oportunidad histórica.

Las autoridades españolas están demostrando en los últimos meses que el tema guineano les interesa muy poco, lo que resulta asombroso, pues se trata de un país al que el Jefe del Estado ha viajado en dos ocasiones. Tampoco parece interesar al primer partido de la oposición, el PSOE, el cual en su último documento ante la situación política, despacha el tema con un par de líneas de lugares comunes.

Tampoco resulta muy sorprendente la actitud del Ejecutivo. El tema guineano es un tema muy complejo y exige capacidad de análisis, de trabajo y sacrificio, y de acción pensada, planificada y ejecutada correctamente. Demasiadas exigencias para una parte de la Administración española, pero el tema guineano es, sin duda, de la mayor importancia en nuestra política exterior, aunque unos y otros, Gobierno y oposición, lo quieran ignorar por comodidad.

Decíamos que el margen de confianza abierto hace año y medio debe considerarse agotado. En efecto, la postura española de importante ayuda a fondo perdido, de concesión de cuantiosos créditos, muchos de ellos en condiciones preferenciales y de cerca de cuatrocientos funcionarios españoles trabajando en aquel país con todos los gastos de cuenta española, supone un aval y un respaldo a la política local de arbitrariedades e insensateces, tanto en materia política como en la económica, políticas realizadas al margen de lo que opinen nuestras autoridades.

Todo ello exige un replanteamiento a fondo del tema y un cambio de política. No se trata de abandonar bruscamente la ayuda, pero sí de situarla en términos más razonables, complementándola con más ayuda española en otras zonas, como, por ejemplo, Latinoamérica, en que su receptividad y eficacia son mucho mayores. En el caso guineano, cabría pensar en seguir con presencia en sectores básicos como sanidad y educación, incluso con mayores recursos, siempre que se asegure una gestión racional y eficaz de esos recursos. En el resto de sectores, se impone un recorte drástico, lo que, por supuesto, no dejará de tener efectos en lo que piensen y decidan órganos como el FMI y la CEE.