Una medida de democracia vigilante

LA DECISION del Gobierno de aplicar al comandante Sáenz de Ynestrillas la ley Antiterrorista ha de marcar sin duda el punto más álgido de la tensión entre los sectores militares rebeldes y el poder civil, legitimado por las urnas. No deben caberle muchas dudas al ministro del Interior de las características de las actividades del comandante detenido cuando ha decidido impartir semejante orden. Vaya por delante nuestro aplauso ante, la firmeza del Gobierno, que revoca con su medida el primer criterio seguido por el juez militar y pone al comandante sospechoso en manos de la justicia civil. Pero...

LA DECISION del Gobierno de aplicar al comandante Sáenz de Ynestrillas la ley Antiterrorista ha de marcar sin duda el punto más álgido de la tensión entre los sectores militares rebeldes y el poder civil, legitimado por las urnas. No deben caberle muchas dudas al ministro del Interior de las características de las actividades del comandante detenido cuando ha decidido impartir semejante orden. Vaya por delante nuestro aplauso ante, la firmeza del Gobierno, que revoca con su medida el primer criterio seguido por el juez militar y pone al comandante sospechoso en manos de la justicia civil. Pero vaya también nuestro desasosiego por el hecho de que las cosas hayan podido llegar tan lejos. Las Fuerzas Armadas españolas poseen un servicio de información que funciona jerárquicamente, amén de los servicios especiales del Cesid, ambos dependientes del Ministerio de Defensa. El comandante Ynestrillas se había distinguido por sus vínculos sediciosos, había sido condenado ya por un consejo de guerra por conspirar en la Galaxia y no hacía falta por eso pensar mucho a la hora de encuadrarle entre los círculos del golpismo permanente, independiente mente de sus concretas actividades. Es más que visible que algo muy serio ha fallado en el aparato de inteligencia militar y resulta obvio que el Gobierno no controla la situación como es debido.La medida del ministro Rosón, que se debería haber correspondido con otras similares para los sediciosos guardias que, asaltaron el Congreso y se encuentran hoy en libertad, y con actitudes de autoridad inexistentes ante el flagrante crimen de Almería, y con posturas inequívocas del poder en otros hechos similares, contrasta, por todo ello, con el miedo teñido de prudencia que nuestro poder civil exhibe frente a la amenaza golpista. Que se haya tenido que llegar a esto pone de relieve la nula información y la indefensión frente a la trama negra del terror en la que se halla en gran parte el Gobierno, y con él los ciudadanos, amenazados por la violencia criminal de los rebeldes.

Hay, por lo demás, un dato en este sucedido que merece también nuestra atención: el reconocimiento abierto por parte gubernamental de que el terrorismo es golpismo. No es pensable en este sentido que las actividades del ahora sospechoso Ynestrillas sucedieran del todo al margen del 23 de febrero. No es por lo menos creíble que un golpista de la Galaxia, presunto golpista en junio, se mantuviera al pairo de los sucesos de principio de año. Existe la impresión, no desmentida, de que este golpe de aparente menor cuantía, al que ahora se enfrenta el poder político, es otra cara del mismo golpe del que salió triunfante gracias a la valerosa y ejemplar actitud del Rey. La asunción explícita del carácter terrorista de la sedición con este gesto supremo de aplicar una ley de excepción que, por otra parte, no debería existir para nadie en un país democrático ofrece connotaciones interesantes de ser comparadas con la prisión preventiva de los implicados en el golpe del 23-F. Y mucho más si se tienen presentes las dudas generalizadas en lo que se llama clase política y entre los ciudadanos normales sobre cuál será el futuro de este país cuando se abra el juiciocon,tra los conspiradores y cuando éstos sean condenados ejemplarmente o absueltos si se considera que deben ser absueltos. La confrontación objetiva que la decisión de un juez militar ha sufrido ayer en el caso de Ynestrillas recuerda ya la ridícula sentencia de la operación- Galaxia, en la que primó el espíritu de cuerpo frente a los hechos probados que los propios jueces narraban, pero presagia además lo que podría y no debería suceder de ningún modo en la causa por los sucesos de febrero. Este país tiene quizá una salida atropellada del infame túnel de corrupción y miedo en el que Tejero y sus secuaces comenzaron a meterle. Pero no tendrá ninguna si el juicio contra los conspiradores no resulta a un tiempo justo y ejemplar y despeja cualquier duda sobre el respeto y la obediencia de todas las instituciones a las del legítimo poder político y a las leyes.