Algunas regiones uniprovinciales podrán tener autonomía propia
Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y Murcia serán las únicas regiones uniprovinciales que podrán acceder a la autonomía si prosperan las tesis de la comisión técnica, presidida por Eduardo García de Enterría, cuyo dictamen obra ya en poder de las direcciones de UCD y del PSOE, según fuentes que ratificaron, en líneas generales, el contenido de la información publicada ayer por EL PAIS al respecto.
El dictamen de la comisión técnica pone fuertes reparos a las comunidades autónomas uniprovinciales y antepone a los criterios históricos exigencias técnicas y, racionalistas, sin llegar a fo...
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Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y Murcia serán las únicas regiones uniprovinciales que podrán acceder a la autonomía si prosperan las tesis de la comisión técnica, presidida por Eduardo García de Enterría, cuyo dictamen obra ya en poder de las direcciones de UCD y del PSOE, según fuentes que ratificaron, en líneas generales, el contenido de la información publicada ayer por EL PAIS al respecto.
El dictamen de la comisión técnica pone fuertes reparos a las comunidades autónomas uniprovinciales y antepone a los criterios históricos exigencias técnicas y, racionalistas, sin llegar a formular un número mínimo de habitantes. En este sentido, la Rioja es la región básicamente desechada para acceder a una autonomía propia, seguida de Santander, que recibe una oposición más matizada, aunque ésta no es totalmente descartada en función del avanzado estado de tramitación legislativa de su proyecto de Estatuto.Como ya informó ayer este periódico, la posibilidad de dar marcha atrás en las autonomías uniprovinciales ya iniciadas -los estatutos de Cantabria, Murcia y la Rioja están ya depositados en las Cortes para su tramitación como ley (artículo 146 de la Constitución)- tendría que pasar presumiblemente por pactos entre los partidos políticos para retirar estos textos de las Cámaras. También parece que se ha barajado en algún momento el número de un millón de habitantes como mínimo para poder acceder a la comunidad autónoma. Esta cifra figuraba ya en el borrador de la Constitución.
La comisión técnica trata de evitar una repetición de los pactos de la Moncloa a nivel autonómico y pretende arbitrar fórmulas jurídicas de carácter vinculante, capaces de impedir el incumplimiento de su aplicación o de que la racionalización se reduzca a la mera formulación de directrices o consejos a las fuerzas políticas.
Para conseguir este carácter vinculante, la comisión propone una actuación legislativa en un triple frente: una le orgánica de ordenación del proceso autonómico; la utilización de alguno de los Estatutos en tramitación como modelo mediante la introducción, a través de varias enmiendas, de las directrices que se recogen en el contenido del dictamen, y, por último, la promulgación de leyes sectoriales, como la de Bases de la Justicia y de Régimen Local, a título de leyes-cierre que recogerían todos los temas residuales no incluidos en los dos mecanismos anteriores. Mediante este procedimientos, las propuestas de la comisión se convertirían en normas de derecho positivo aplicables.
El dictamen pone en duda la constitucionalidad de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución y, en cualquier caso, aconseja su no proliferación, sobre todo en las comunidades autónomas uniprovinciales. Además deja siempre abierto el recurso al Tribunal Supremo cuando se trate de la aplicación del derecho estatal.
Aunque algunas de las proposiciones de la comisión pueden parecer polémicas, fuentes solventes manifestaron ayer a EL PAIS que responden a la petición de los dos principales partidos políticos, que solicitaron no solamente soluciones a la construcción del Estado de las autonomías, sino también la fórmula para hacerlas vinculantes.
Posteriormente a este dictamen, el PSOE y UCD concretarán las, directrices políticas y el siguiente mandato a la comisión que continuará sus trabajos en el futuro. Dicha comisión está integrada, como se recordará, además de por su presidente, Eduardo García de Enterría, por los profesores Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Luis Cosculluela Montaner. Francisco Sosa Wagner, Tomás Cuadra, Santiago Muñoz Machado y Miguel Sánchez Morón.
El área más importante de los temas aún no tratados está constituida por la organización de la economía y hacienda de las comunidades autónomas, cuyos aspectos no abordados en la ley orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) o los que deban constituir un desarrollo de ésta serán estudiados por una comisión específica, integrada por funcionarios del Ministerio de Hacienda, también bajo la presidencia del profesor García de Enterría.