Los fondos cautivos de bancos y cajas de ahorro pueden incrementarse en 800.000 millones de pesetas en el período 1981-1983
Las últimas medidas de reordenación del sistema financiero, según un estudio realizado por la Asociación Española de Banca Privada, pueden suponer un incremento de fondos cautivos de 800.000 millones para Ios bancos y cajas de ahorro en el período 1981-1983.El incremento supone una mayor disposición de financiación a plazo creada por mecanismos forzados, lo que, según fuentes de la AEB, se podía haber generado por mecanismos voluntarios. Los mecanismos forzosos, según estas fuentes, están atentando contra la asignación de recursos.
En cuanto al coste de esa financlación, coeficientes o...
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Las últimas medidas de reordenación del sistema financiero, según un estudio realizado por la Asociación Española de Banca Privada, pueden suponer un incremento de fondos cautivos de 800.000 millones para Ios bancos y cajas de ahorro en el período 1981-1983.El incremento supone una mayor disposición de financiación a plazo creada por mecanismos forzados, lo que, según fuentes de la AEB, se podía haber generado por mecanismos voluntarios. Los mecanismos forzosos, según estas fuentes, están atentando contra la asignación de recursos.
En cuanto al coste de esa financlación, coeficientes obligatorios y depósitos, los primeros están sometidos a la normativa última, y son los segundos, si los tipos de interés libre ascienden a niveles que el empresario no esté en disposición le pagar, los que pueden provocar un efecto bumerán. Los depósitos obligatorios que tienen cautivos entidades de crédito en el Banco de España no están remunerados, y, sin embargo, representan un coste para las operaciones financieras que va a ser repercutido por los bancos en el coste del crédito.
El incremento de depósitos cautivos, en función de la normativa, va a afectar más a los bancos que a las cajas de ahorro, lo cual responde a la intención gubernamental de equiparación entre ambos.
Nada más publicarse las normas de reordenación financiera, el presidente de la AEB, Rafael Termes, advirtió en conferencia de Prensa (véase EL PAIS del 21 de enero) que el principal defecto de la orden ministerial era la falta de medidas oportunas para evitar el eventual encarecimiento del crédito libre. Recordó, sin embargo, que la AEB había insistido en que, para absorber tal elevación, cualquiera que fuera su causa, «había que disminuir y rentabilizar las inversiones obligatorias de bancos y cajas, ya que, en caso contrario, se corría el riesgo de que repercutiera de nuevo sobre el coste del crédito normal».
Rafael Termes advirtió que estas últimas medidas todavía podían ser adoptadas, ya que, «tal como han quedado ahora las cosas, el efecto de absorción del aumento del coste del pasivo es prácticamente nulo. De forma que, si cabe aceptar que el coste de Ia elevación del coste del pasivo puede ser independiente de la liberación de los intereses pasivos, en cambio, si se produce una repercusión en el coste del crédito libre, hay razones para pensar que sí será imputable a la última disposición del Gobierno, por no haber tomado las medidas para rentabilizar adecuadamente los recursos cautivos».
Si ante la falta de rentabilidad en los activos cautivos, la banca no lograra repercutir a los usuarios del crédito libre el eventual aumento del coste de los recursos, no les quedaría otro remedio a estas entidades que absorberlo mediante una reducción de los beneficios.
«El coste de administración de los bancos forma parte del coste total de intermediacion financiera, que actualmente está holgadamente retribuido mediante el precio global que se paga por el dinero a través del tipo de Interés y de las comisiones bancarias fijas», afirma en un comunicado la federación estatal de banca de UGT.
Las razones de oposición al cobro de servicios por la central socialista se justifican en «la actual práctica y modalidad del negocio bancario, que obtiene. importantes ingresos por muy diversos conceptos que cubren la totalidad de los gastos de intermediación financiera ».
«Existen además -según UGT- razones de oportunidad para oponerse, ya que en el actual contexto de crisis, el cobro de tales servicios supone un importante encarecimiento del dinero, lo que producirá aún un mayor incremento en los beneficios de sus cuentas de resulta(los (que en 1980 han superado los 90.000 millones de pesetas)».