¿Proceso político a la policía?

El suceso de la muerte de un presunto miembro de la organización terrorista ETA Militar, acusado de múltiples asesinatos, ha sido utilizado para distraer la atención general sobre una situación grave de crisis económica, paro, inflación, terrorismo, etcétera, a la vez que se trataba de centralizar en un hecho individual una presunta violación generalizada de los derechos humanos, haciéndolos aparecer como práctica habitual de una gran parte de los funcionarios encargados de la persecución y prevención del terrorismo.Sin entrar en el fondo del asunto, que es competencia exclusiva de la autorida...

El suceso de la muerte de un presunto miembro de la organización terrorista ETA Militar, acusado de múltiples asesinatos, ha sido utilizado para distraer la atención general sobre una situación grave de crisis económica, paro, inflación, terrorismo, etcétera, a la vez que se trataba de centralizar en un hecho individual una presunta violación generalizada de los derechos humanos, haciéndolos aparecer como práctica habitual de una gran parte de los funcionarios encargados de la persecución y prevención del terrorismo.Sin entrar en el fondo del asunto, que es competencia exclusiva de la autoridad judicial y que, por consiguiente, está sub judice, no cabe duda de que nuestra Constitución proclama como derecho fundamental el de la presunción de inocencia y el del respeto al honor, por lo que cualquier juicio de valor generalizado a unos funcionarios policiales que intervinieron en una detención e interrogatorio corre el riesgo de lesionar estos derechos básicos.

Nuestro Sindicato Profesional fue el primero en pedir una investigación para aclarar una situación que ponía en entredicho la función y el quehacer policial; pero, una vez iniciada por el poder judicial, estimamos que debe ser este último quien se pronuncie, sin influencias ni interferencias, como está aceptado en una sociedad democrática con división de poderes.

Dicho lo anterior, resulta una temeridad claramente reprobable el imputar conductas delictivas a otras personas a través de medios de difusión social, cuando deberían hacerse ante la autoridad judicial, aportando las pruebas, según establece nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal, deber que obliga más, si cabe, a funcionarios policiales cuando realizan tales denuncias.

De otra parte, se puede producir a consecuencia de estas denuncias un proceso de división interna del Cuerpo Superior de Policía, que en nada beneficia a la actuación profesional, independiente y democrática que debe imperar en su seno, por lo que se está cometiendo la negligencia de separar a los funcionarios policiales en «buenos y malos», según el prisma con que se observe.

El cuerpo, ofendido

Independientemente de lo expuesto, es evidente que los integrantes de todo un cuerpo de la seguridad del Estado se han visto ofendidos en su honor por los últimos ataques lanzados contra los mismos, pero en orden a la madurez, responsabilidad y valentía que deben imperar en el Cuerpo Superior de Policía hay que superar esta faceta y no dejarse llevar por actuaciones exaltadas, aunque estén guiadas por motivos muy altruistas.

Es por ello que el Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía, que en todo momento ha reivindicado una policía profesional, independiente y apolítica en su actuación, y que ha solicitado medios materiales, seguridad jurídica, más libertad sindical en su seno, elaboración de un nuevo reglamento, etcétera, y que persigue una seguridad para toda la sociedad, habiendo sido, incluso, expedientados algunos de sus dirigentes por errores, malos entendidos o ligeras interpretaciones por parte de la Administración, al tratar de mantener una postura independiente tiene que servir de instrumento catalizador en la presente situación conflictiva.