Interpelación socialista sobre presuntos malos tratos a los niños de un orfelinato granadino

La diputada socialista por Granada María Izquierdo ha dirigido una interpelación al Gobierno sobre presuntos malos tratos a los alumnos del orfelinato de Armilla, dependiente de la Diputación Provincial de Granada, y en relación con la situación administrativa y educativa de dicha institución.

El Hogar Infantil del Niño Jesús, de Armilla, que cuenta con una plantilla de profesores mixta nombrada por los delegados provinciales del Ministerio de Educación y la citada Diputación Provincial, es un internado en el que conviven y residen alumnos de ambos sexos, comprendidos desde los recién n...

La diputada socialista por Granada María Izquierdo ha dirigido una interpelación al Gobierno sobre presuntos malos tratos a los alumnos del orfelinato de Armilla, dependiente de la Diputación Provincial de Granada, y en relación con la situación administrativa y educativa de dicha institución.

El Hogar Infantil del Niño Jesús, de Armilla, que cuenta con una plantilla de profesores mixta nombrada por los delegados provinciales del Ministerio de Educación y la citada Diputación Provincial, es un internado en el que conviven y residen alumnos de ambos sexos, comprendidos desde los recién nacidos hasta los de más de veinte años que, por diferentes circunstancias, carecen de una familia con la que puedan vivir y ser educados dignamente.María Izquierdo señala en el preámbulo de su interpelación que, desde la creación de este centro, hace más de treinta años, no se han ido adecuando suficientemente las estructuras administrativas y educativas, lo que ha llevado a un estado actual de desfase entre la educación que los niños reciben diariamente en ese centro y lo que debieran ser las mínimas condiciones para la formación integral y las necesidades vitales y afectivas de los niños.

Añade la diputada socialista que, a pesar de haberse creado en 1974 un grupo escolar, cuyo profesorado es nombrado por el Ministerio de Educación, «los porcentajes de escolaridad y titulación obtenidos en los últimos treinta años sobre la población total de los 2.000 alumnos que ha cobijado dicho centro vienen a demostrar un notable fracaso en los resultados».

Entre los datos estadísticos que avalan esta afirmación, se señala que el 84% de esos 2.000 alumnos no han obtenido ningún título académico; ningún alumno ha llegado a alcanzar una formación universitaria; sólo el 0,5% ha recibido formación de grado medio; sólo un 2,75% ha alcanzado el título de graduado escolar; un 8,15%, el certificado de estudios primarios, y un 1,9%, el certificado de escolaridad.

Castigos vejatorios y humillantes

Aparte del bajo índice de resultados académicos, que reflejan estos datos, la diputada María Izquierdo se refiere en su escrito a los inadecuados métodos pedagógicos, de los que tiene constancia, que «podrían entrar en la consideración de malos tratos, toda vez que se aplican castigos vejatorios y humillantes, que sin duda provocan graves traumas y afectan a la psicología de unos niños que debieran estar esmeradamente cuidados, teniendo en cuenta sus especiales características afectivas y de desamparo familiar».

El conocimiento público de la deficiente situación administrativa y académica en que se encontraba el centro determinó el relevo del administrador del mismo hace ya dos años; pero todo parece indicar, en opinión de la diputada socialista, que «las supuestas irregularidades permanecen vigentes, e incluso se han agravado, a pesar de los derechos constitucionales e infantiles que se quebrantan».

A la vista de todas estas circunstancias, la diputada pregunta al Gobierno si se van a llevar a cabo las investigaciones oportunas para aclarar la existencia de supuestos malos tratos a niños del orfelinato de Armilla. inquiere, a este respecto, si es cierto que «a alguno de los niños se le impone como castigo por comer pipas el barrer el dormitorio y recogerlas con la boca; que a algunos se les ha obligado a comer naipes de baraja por jugar a las cartas; que los niños reciben malos tratos físicos, o que exista en el centro un tratamiento discriminatorio por razón de sexo».

Finalmente, María Izquierdo pregunta si es legal que la Delegación Provincial del Ministerio cubra anualmente ocho plazas de profesores de EGB, pese al carácter privado del centro, si se ha ejercido nepotismo en la contratación de personal para el centro y si permanece el presidente de la Diputación de Granada al margen de estos problemas.