La banca pide a la Administración fuertes sanciones contra las entidades que infrinjan los tipos de interés

La banca privada ha solicitado del Ministerio de Economía el establecimiento de fuertes sanciones, que podrían llegar a la exclusión de algunos bancos del Fondo de Garantía de Depósitos y el replanteamiento de los mecanismos de salvación de las entidades bancarias en crisis, permitiendo su liquidación. Estas sanciones afectarían a los bancos que vulneren la disciplina bancaria y que infrinjan las normas en cuanto a tipos de interés en la parte en que éstos queden regulados dentro de una futura liberalización del sistema financiero, que actualmente estudia el Ministerio de Economía. El inform...

La banca privada ha solicitado del Ministerio de Economía el establecimiento de fuertes sanciones, que podrían llegar a la exclusión de algunos bancos del Fondo de Garantía de Depósitos y el replanteamiento de los mecanismos de salvación de las entidades bancarias en crisis, permitiendo su liquidación. Estas sanciones afectarían a los bancos que vulneren la disciplina bancaria y que infrinjan las normas en cuanto a tipos de interés en la parte en que éstos queden regulados dentro de una futura liberalización del sistema financiero, que actualmente estudia el Ministerio de Economía. El informe bancario fue presentado a principios de esta semana a los representantes de la Administración.

La postura de la gran banca sobre una eventual liberalización del sistema financiero, elaborada a lo largo de estas últimas semanas en prolongadas reuniones y sesiones de trabajo, ha cristalizado en un documento bastante homogéneo en el que el sector ha expresado a la Administración su predisposición favorable a una liberalización del sistema financiero, aunque insiste en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global.Según informaciones recogidas en medios bancarios, el documento presentado al Gobierno concretamente al Ministerio de Economía, el pasado martes señala que «la liberalización pura y simple no resuelve el problema» de la financiación de la economía española. Este informe, solicitado hace unas semanas por el titular de Economía, García Díez, a la Asociación Española de Banca Privada (AEB), forma parte de los estudios que manejará la Administración para una eventual reforma del sistema financiero, que se intenta esté dispuesta para su entrada en funcionamiento antes de primeros del año próximo. Junto al informe de la AEB, el Ministerio de Economía dispone también de otro documento elaborado por el Banco de España. Ambos «papeles» servirán de base presumiblemente a la postura final que adopte la Administración en un plazo de tiempo que se desea lo más breve posible.

Uno de los aspectos más sobresalientes del informe presentado por la banca al Gobierno residiría, según medios bancarios solventes, en el establecimiento de fuertes sanciones a aquellos bancos que vulneren las disposiciones legales en materia de tipos de interés y con referencia a los tramos de actividad crediticia que queden sujetos a regulación, campo en el que actualmente existe un notable grado de transgresión de normas, ofreciendo tipos de interés por los depósitos muy superiores a lo normal y cobrando también intereses por los créditos, especialmente en el descuento de papel, bastante por encima de los niveles que algunos consideran «razonables».

Cortar la "irresponsabilidad"

En esta misma línea, la banca habría pedido -según los mismos medios- una actitud diferente de la Administración y del entorno financiero respecto a los bancos en crisis, «de forma que ningún banco tenga un seguro de vida por su mera existencia, ya que, de lo contrario, se puede generalizar la irresponsabilidad », según comentó un alto dirigente bancario a EL PAIS. Esta petición implicaría, en cierta medida, un replanteamiento total de los actuales mecanismos de salvación de bancos, que está demostrando -a juicio de algunos sectores bancarios- la dificultad en salvar bancos que tienen muy deteriorada su situación financiera y que la propia corporación encuentra dificultades en sanear y colocar, por medio de subastas, en el sector privado.Al parecer, algunos bancos habrían mostrado una actitud especialmente dura a este respecto, repitiendo en alguna medida la postura del Banesto, que ya en 1974, con motivo de la crisis del Banco del Noroeste, había manifestado su desinterés por la operación de salvamento de este banco y se mostró partidario de dejar «que se hundiera». Los medios bancarios consultados ayer por EL PAIS expresaron su temor a que una generalización de los mecanismos de solidaridad y de ayuda a los bancos en crisis pueda «generalizar la irresponsabilidad, y esto es grave si vamos a una liberalización del sistema financiero, en la que no caben actitudes irresponsables y en la que aquellos tramos de actividad que queden intervenidos deberán ser respetados escrupulosamente», según un directivo bancario.

Postura enérgica del Banco de España

La dureza en las sanciones es también una postura patrocinada por el Banco de España, según pudo saber EL PAIS en medios próximos a dicha institución. Entre las medidas sancionadoras que se han propuesto -el Banco de España no enumera ninguna, aunque se muestra enégicamente partidario de ellas- destaca la sugerencia de algunos bancos grandes de establecer la posibilidad de que los bancos que infrinjan las normas vigentes o, desarrollen una política que se juzgue «arriesgada financieramente» puedan ser excluidos del Fondo de Garantía de Depósitos, lo que implicará automáticamente que sus depósitos inferiores a 750.000 pesetas no quedarán cubiertos por el seguro de depósitos bancarios.A este respecto, algunos de los autores del informe presentado al Ministerio de Economía han puesto de relieve que el pasado año fueron ya 51 el número de bancos que no repartieron beneficios, y de ellos, alrededor de la mitad no los repartieron por imposibilidad real de hacerlo. Este hecho ha estimulado la sensibilidad bancaria en los últimos meses respecto a la cuenta de explotación.

Menos privilegios

Al margen de los problemas disciplinarios, el informe de la banca insistiría, al parecer, en respetar un cierto nivel de depósitos sin remuneración alguna y en liberalizar progresivamente todos los circuitos privilegiados de crédito. En este sentido, la postura tendría una doble vertiente. Por una parte, algunos circuitos deberían ser suprimidos o su gestión encomendada directamente a las instituciones de crédito. Por otra parte, determinados contingentes de crédito privilegiado deberían ser puestos a tipos de interés más realistas y más próximos al coste del dinero en el mercado. Una de las propuestas concretas residiría en la rebaja del coeficiente de caja, que actualmente es del 5,75%, hasta reducirlo a unos niveles del orden del 4%, que son los que se consideran generalmente como «más operativos».Finalmente, la banca manifiesta su postura también respecto a la emisión de Deuda Pública. En este tema se señala en el informe que la Deuda Pública a corto debería emitirse sólo para cubrir necesidades de tesorería del sector público y, en todo caso, debería ser cancelada a final de ano. Reclama también la banca la colocación de estos activos, lo que hace extensible también a la deuda a largo plazo.