Desahuciada una familia que ocupaba una vivienda de propiedad municipal

Ricardo Mohedano, junto a su mujer y dos niños de ocho y diez años de edad, fueron desalojados por orden de la junta municipal de Ciudad Lineal de la casa que ocupaban en régimen de alquiler desde 1931, y de la que es propietario el ayuntamiento. El piso está situado en la calle de Alcalá, 224, inmueble comprendido en el polígono 31 del plan especial de ordenación de la avenida de la Paz.Ni el señor Mohedano ni ningún miembro de su familia tuvieron tiempo de sacar los muebles, ropa, dinero o los muchos libros y papeles que guarda desde hace años. «A las diez menos cuarto vinieron un oficial de...

Ricardo Mohedano, junto a su mujer y dos niños de ocho y diez años de edad, fueron desalojados por orden de la junta municipal de Ciudad Lineal de la casa que ocupaban en régimen de alquiler desde 1931, y de la que es propietario el ayuntamiento. El piso está situado en la calle de Alcalá, 224, inmueble comprendido en el polígono 31 del plan especial de ordenación de la avenida de la Paz.Ni el señor Mohedano ni ningún miembro de su familia tuvieron tiempo de sacar los muebles, ropa, dinero o los muchos libros y papeles que guarda desde hace años. «A las diez menos cuarto vinieron un oficial de la Policía Municipal, un representante de la junta y un psiquiatra, que nos obligaron a subir a un coche tal como estábamos», lo cuenta mostrando la camisa del pijama, que le asoma bajo la chaqueta, «para trasladarnos a la comisaría de Ventas. Al salir de allí puse la denuncia en el juzgado de guardia, y desde entonces», prosigue, «hemos intentado ser recibidos por el alcalde, pero todo inútil. Si no fuera porque no quiero mermar las atribuciones del alcalde, recurriría al gobierno civil, pero prefiero esperar a que Tierno impida que su propio ayuntamiento actúe contra la Constitución».

Ricardo Mohedano, quien fue juez municipal titular de Vicálvaro durante la República, tuvo la primera notificación del desahucio de su vivienda en 1971. El ayuntamiento compraba la finca y las necesidades urbanísticas de la zona exigían la demolición de la casa. El 17 de mayo del mismo año, la Gerencia de Urbanismo le comunica que está entre los posibles adjudicatarios de las viviendas sociales que se construyen en Moratalaz. El señor Mohedano recurrió contra estas notificaciones y contra otras que después iría recibiendo, sin que ninguno de sus recursos hayan tenido respuesta.

«No se trata de que me den una vivienda, sino de que se respete la Constitución y el derecho al libre contrato de inquilinato».

Mientras consigue ser recibido por el alcalde, los cuatro miembros de la familia se han alojado en una pensión de la calle de Alcántara, a la espera de que les informen del lugar al que han ido a parar sus enseres.

Ayer no fue posible localizar a algún concejal competente en el tema, aunque opiniones oficiosas indican que Mohedano conocía la inminencia del desahucio.