Debate en el Colegio de Abogados de Madrid sobre la institución del jurado en España

La necesidad de un pronto desarrollo del mandato constitucional sobre la puesta en marcha de la institución del jurado fue puesta de manifiesto ayer por los ponentes que hoy han de intervenir en un coloquio sobre el jurado, que sé celebra en el Colegio de Abogados de Madrid a iniciativa del grupo de abogados jóvenes.

En un acto de presentación de los ponentes a los medios informativos, celebrado en la sede del colegio madrileño, aquéllos expusieron un avance de las líneas fundamentales de sus respectivas posturas sobre el tema. Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogac...

La necesidad de un pronto desarrollo del mandato constitucional sobre la puesta en marcha de la institución del jurado fue puesta de manifiesto ayer por los ponentes que hoy han de intervenir en un coloquio sobre el jurado, que sé celebra en el Colegio de Abogados de Madrid a iniciativa del grupo de abogados jóvenes.

En un acto de presentación de los ponentes a los medios informativos, celebrado en la sede del colegio madrileño, aquéllos expusieron un avance de las líneas fundamentales de sus respectivas posturas sobre el tema. Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía, y decano del Colegio de Abogados de Madrid, explicó la intención que le llevó, como senador real en la época de elaboración de la Constitución, a proponer una enmienda sobre la participación popular en la administración de la justicia, que se convertiría, con muy leves cambios de redacción, en el artículo 125 de la Constitución. «Se trata de un experimento digno de intentarse», manifestó el señor Pedrol, «destinado a introducir en la actividad de juzgar una visión popular no deformada por el pliegue profesional que se forma en cuantos utilizamos diariamente una técnica».El abogado y diputado socialista Pablo Castellano avanzó que su exposición se centraría en un análisis crítico del artículo 125 de la Constitución, redactado, según manifestó, con demasiadas cautelas y limitaciones, inspiradas por el Ejecutivo y por el poder judicial para que nunca haya en este país una justicia popular. «La introducción del jurado en la Administración de justicia», dijo, «es un tema fundamentalmente político que impulsa el desarrollo de la democracia, y ello explica la resistencia categórica de los aparatos del Estado, fundamentalmente de la Magistratura, a que se ponga en marcha».

Más reticente a la introducción del jurado, el letrado del Ministerio de Justicia José Luis Manzanares se pronunció a favor del escabinado (tribunal mixto de jueces profesionales y legos) como forma más adecuada de acercar la justicia al pueblo. Avanzó que su posición está avalada por la experiencia del jurado en España, que calificó de negativa, y por la forma en que se ha desarrollado la participación del pueblo en la Administración de justicia en los países europeos, que han sustituido el jurado en sentido estricto por el escabinado.

Jesús Vicente Chamorro, abogado fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, y el abogado Gustavo López-Muñoz anunciaron su posición favorable sin reticencias a la introducción del sistema del jurado en España. El primero manifestó que el jurado garantiza mejor que la justicia profesional los derechos del justiciable, por ejemplo, la publicidad y la igualdad de las partes, y se mostró favorable a una ampliación del sistema a los asuntos civiles, no sólo penales, como son los de urbanismo. Gustavo López-Muñoz puso interés en resaltar que el sistema del juicio por jurado no es contrapuesto a la judicatura, como lo demuestra la práctica judicial de Estados Unidos e Inglaterra. Llamó la atención sobre la obligación de cumplir el mandato constitucional sobre el jurado y precisó que se trata de garantizar el derecho del justiciable a ser juzgado por el sistema de jurado, si lo desea, lo cual es compatible con la existencia de tribunales formados exclusivamente por jueces profesionales.