Prensa y sociedad

UNO DE los mayores obstáculos con los que tropieza la puesta en práctica de los principios y valores democráticos en una sociedad pluralista es la casi irresistible tendencia de los grupos de presión, de los segmentos de población unidos por intereses y de las instituciones con vocación de autosuficiencia a considerar los asuntos que les conciernen como privados, aunque sus repercusiones tengan naturaleza pública y sobre ellos, consiguientemente, tengan derecho a opinar los demás ciudadanos.Ese reproche puede hacerse tanto a poderes y centros de decisión como a sectores instalado...

UNO DE los mayores obstáculos con los que tropieza la puesta en práctica de los principios y valores democráticos en una sociedad pluralista es la casi irresistible tendencia de los grupos de presión, de los segmentos de población unidos por intereses y de las instituciones con vocación de autosuficiencia a considerar los asuntos que les conciernen como privados, aunque sus repercusiones tengan naturaleza pública y sobre ellos, consiguientemente, tengan derecho a opinar los demás ciudadanos.Ese reproche puede hacerse tanto a poderes y centros de decisión como a sectores instalados en la sociedad civil y dotados de considerable fuerza social y económica. No es infrecuente así que miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios del poder judicial o jerarquías de la Iglesia se asombren de que sus compatriotas, que no pertenecen a la carrera de las armas, a la carrera judicial o a la carrera eclesiástica, expongan sus ideas sobre temas de interés general relacionados con la vida castrense, con la actuación de los tribunales o con el magisterio de los cardenales. También los líderes de los partidos políticos, las centrales sindicales y las organizaciones patronales suelen mostrarse suspicaces frente a las opiniones expresadas desde fuera y tienden a rechazarlas como injerencias.

De todo esto los periodistas tienen una larga experiencia, que muchas veces en el pasado, y algunas veces en el presente, se ha reflejado en persecuciones, represalias y sumarios. Precisamente por ese motivo creemos que la profesión periodística debería ser la primera en afirmar tanto su propio derecho a interesarse y a opinar sobre todas las dimensiones públicas de la vida social como el derecho de los demás ciudadanos a interesarse y a opinar sobre todas las implicaciones públicas de la vida periodística.

En este sentido, el impresionante despliegue que hizo ayer la Hoja del Lunes de Madrid, órgano de la Asociación de la Prensa madrileña, que abarca también a los profesionales de este periódico provistos de carné, para defender su monopolio informativo durante la mañana del lunes da pie a la sospecha de que también los periodistas incurrimos no sólo en la prepotencia de las adhesiones incondicionales y los aplastamientos plebiscitarlos de las minorías, sino, lo que es peor, en el más estrecho de los gremialismos.

Sobre el monopolio informativo de la mañana de los lunes a las asociaciones de la Prensa para cubrir finalidades asistenciales pueden opinar, como es natural, los periodistas con carné dados de alta en las asociaciones de la Prensa, los periodistas sin carné a quienes se impide todavía la entrada en dicha asociación y los editores de diarios. Pero también tienen el mismo derecho a opinar los lectores de los diarios y el resto de los ciudadanos. En el caso concreto de EL PAIS, que todavía no se ha planteado la conveniencia de salir o no el lunes por la mañana, la decisión final tendría que ser tomada -y será tomada- por la empresa editora. Sin embargo, serían, en última instancia, los lectores quienes tendrían la última palabra en el asunto.

Creemos que este es el punto central del debate, frente al cual las demás cuestiones, con ser importantes, pasan a segunda fila. No queremos, sin embargo, rehuir el examen de estos aspectos, a los que convierte en laterales no sólo el reconocimiento de la libertad de expresión por la Constitución, sino el decisivo papel que corresponde a la sociedad en su conjunto para enjuiciar los problemas que implican una dimensión pública, en este caso el derecho a recibir información ya suministrarla.

Digamos así que la publicación de los diarios en la mañana de los lunes constituiría una vigorosa medicina contra el paro profesional. Porque la aparición de periódicos durante los siete días de la semana podría representar un considerable aumento de las plantillas actuales. La práctica habitual de las Hojas del Lunes enseña, en cambio, que no suelen ser los periodistas sin empleo, sino los que ya trabajan en otro medio, los que se benefician de su existencia.

En cuanto a la dimensión propiamente asistencial del monopolio de los lunes, mucho nos tememos que los defensores de las Hojas como fuente de financiación de las mutualidades de periodistas no hayan reparado que la situación española de la década de los ochenta, con un sistema de seguridad social y de pensiones generalizado a toda la sociedad española, es muy diferente a la que justificó, en la década de los veinte, esa medida proteccionista. Al igual que la tendencia a la semana de cinco días en la Prensa de hoy no guarda relación con el solitario día de descanso de hace cincuenta años. No entendemos, por lo demás, por qué razón la televisión, cuyos periodistas se benefician de las prestaciones asistenciales como cualquier redactor de Prensa, y la agencia Efe, no ceden a la Asociación de la Prensa durante un día a la semana, y las revistas una semana de cada siete, el ejercicio de sus actividades con fines igualmente asistenciales. Y, resueltamente, se nos escapan los motivos por los que los funcionarios del Gobierno con título de periodista y con funciones vinculadas a las relaciones públicas y no a la información. participan en esta procesión de firmas y repican al tiempo.

Nadie se puede oponer a que las asociaciones de la Prensa actúen como empresas periodísticas y saquen a la calle los lunes, o todos los días de la semana si lo desean, una publicación amparada con su nombre. Pero nos parece indefendible la pretensión de hacerlo en régimen de exclusividad y de monopolio, y consideramos inexactas las razones que se esgrimen para defender lo que no es sino un privilegio gremial.