Administración central y ayuntamientos, en pugna por defender sus competencias
Durante los últimos meses hemos podido asistir a una constante pugna entre la Administración local, especialmente representada por el Ayuntamiento de Madrid, y la Administración central, con su figura principal en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanisrno, acerca de quién debía disponer de las competencias de revisión del plan.La revisión en sí, no contemplada, en principio, en los programas electorales de los partidos de izquierda, hoy en posesión del poder municipal, sí había sido prevista por la Unión de Cent...
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Durante los últimos meses hemos podido asistir a una constante pugna entre la Administración local, especialmente representada por el Ayuntamiento de Madrid, y la Administración central, con su figura principal en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanisrno, acerca de quién debía disponer de las competencias de revisión del plan.La revisión en sí, no contemplada, en principio, en los programas electorales de los partidos de izquierda, hoy en posesión del poder municipal, sí había sido prevista por la Unión de Centro Democrático, habida cuenta de la existencia de un mandato del Gobierno (también de UCD) para que tal revisión se ejecutara. Pero lo que la izquierda no había previsto en un primer momento hubo de ser acometido inmediatamente por ésta, habida cuenta de que la revisión se llegó a plantear como la única forma que socialistas y comunistas tenían de llegar a plantear la realización, a un mayor o menor plazo, de las promesas realizadas durante la campaña electoral, y que conducía, de una manera u otra, a la consecución de «una ciudad mejor».
Sin embargo, la Administración central no aparece como dispuesta a dejar que la izquierda -el gobierno actual en los municipios madrileños- haga la revisión según sus postulados políticos. La ley, claramente paternalista hacia Madrid y sus gobernantes locales, impide que sean las corporaciones municipales las que realicen la revisión y deja ésta en manos de la Administración central.
A pesar de ello, los enfrentamientos y negociaciones entre una y otra conduce a que Coplaco, por medio de su delegado del Gobierno, proponga un borrador de decreto-ley -de igual rango que la ley paternalista- según el cual la revisión la podrían hacer los ayuntamientos. Pero la tendencia paternalista hace que Coplaco se reserve para sí un control previo a la realización y aprobación de la revisión por parte de los ayuntamientos. Alega, para ello, la necesidad de que los distintos municipios del Area Metropolitana madrileña armonicen sus necesidades y sus mutuas dependencias.
La solución al problema de armonización es propuesta por los socialistas, que establecen la posible creación de un consejo de alcaldes que, por medio de unas comisiones técnicas, regule tales dependencias mutuas y proponga las alternativas a cada situación conflictiva que se produjera, sin tener por ello que renunciar a la autonomía municipal prevista por la Constitución y sin verse obligados a dejarse guiar por la tutela de la Administración.
El consejo -convertido en de municipios- ha sido ya creado; sus competencias de asesoramiento, definidas; la izquierda ha llegado a un acuerdo para la propuesta de un nuevo borrador de decreto-ley que sustituya al anteriormente propuesto. El proceso parece haber entrado ya en una fase de clara lubricación de los siempre complicados mecanismos de la Administración. Su culminación debemos esperarla para dentro de un par de años. El Madrid de nuestros hijos puede ser mejor.