Procesados el director y tres dibujantes de "Party"
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, por orden de la Audiencia Provincial de la misma ciudad, ha procesado por el presunto delito de escándalo público a Alberto Turro González, director de la revista Party, y a José Banús March, Serafin Rojo Carmaño y Francisco Javier Agulló Frutos, dibujantes de la citada revista.El procesamiento está relacionado con la publicación en el número de Party correspondiente al mes de agosto de 1978 de «sendas colecciones fotográficas de desnudos integrales, chistes e historietas gráficas que, por su significado obsceno y erótico, constitu...
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, por orden de la Audiencia Provincial de la misma ciudad, ha procesado por el presunto delito de escándalo público a Alberto Turro González, director de la revista Party, y a José Banús March, Serafin Rojo Carmaño y Francisco Javier Agulló Frutos, dibujantes de la citada revista.El procesamiento está relacionado con la publicación en el número de Party correspondiente al mes de agosto de 1978 de «sendas colecciones fotográficas de desnudos integrales, chistes e historietas gráficas que, por su significado obsceno y erótico, constituyen un descarado ataque al sentimiento de pudor y decencia». En un primer momento, el juzgado rechazó la querella del ministerio fiscal, estimando que los hechos no eran constitutivos del delito de escándalo público, sino, en todo caso, de una falta contra la moral; pero la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el procesamiento de los querellados y «los acuerdos de la superioridad», dice el juez instructor, «hay que guardarlos y cumplirlos».
Libertad para los procesados
El juez ha decretado la libertad de los procesados y les ha exigido a cada uno de ellos, en concepto de fianza civil, la cantidad de 100.000 pesetas. Los procesados han sido requeridos para que se presenten en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Recientemente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a un antiguo director de Party a dos meses de arresto mayor, multa de 20.000 pesetas y a seis años y un día de inhabilitación especial para dirigir periódicos, como autor de un delito de escándalo público. En primera instancia, el condenado había sido absuelto del citado delito por la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó que los hechos sólo eran constitutivos de una falta contra la moral.