Los asesinos de Humberto Delgado en libertad

En Italia se tardó diez años en condenar a los culpables del atentado en Plaza Fontana, de Venecia, ocurrido en 1969, que produjo dieciséis muertos y más de ochenta heridos. La sentencia se hizo pública en 1979, condenado a dos activistas de extrema derecha, Freda y Ventura, sin entrar en averiguaciones sobre las evidentes complicidades de altos funcionarios del Ministerio del Interior. La sentencía del Tribunal de Catanzaro se dictó después de un intento frustrado de orientar las investigaciones hacia los anarquistas, hasta el extremo de que el bailarín Valpreda estuvo a punto de ser condenad...

En Italia se tardó diez años en condenar a los culpables del atentado en Plaza Fontana, de Venecia, ocurrido en 1969, que produjo dieciséis muertos y más de ochenta heridos. La sentencia se hizo pública en 1979, condenado a dos activistas de extrema derecha, Freda y Ventura, sin entrar en averiguaciones sobre las evidentes complicidades de altos funcionarios del Ministerio del Interior. La sentencía del Tribunal de Catanzaro se dictó después de un intento frustrado de orientar las investigaciones hacia los anarquistas, hasta el extremo de que el bailarín Valpreda estuvo a punto de ser condenado por un delito que no había cometido.Pero esta «marca» de morosidad en un procedimiento criminal, que implicaba a la extrema derecha, ha sido superada por la justicia portuguesa. A los quince años de ocurrido el doble asesinato del general Humberto Delgado y su secretaria, Arajarir de Campos -en una finca de Bádajoz, próxima a la frontera portuguesa, en 1965-, todavía continúan las sesiones del juicio contra la brigada de la PIDE, policía de Salazar, que aparece implicada en el doble asesinato. El tribunal militar número 2 de Santa Clara, en Lisboa, inició la vista del proceso en marzo de 1978, sentándose en el banquillo de los acusados el ex jefe de la PIDE, Silva Pais, y dos agentes, Agostinho Tienza y Pereira de Carvalho. El resto de los implicados son juzgados en rebeldía por haber huido de Portugal después de la « revolución de los claveles», en abril de 1974. Entre éstos se encuentran los principales encartados, como Rosa Casaco, que era la jefa de la brigada que se desplazó a Badajoz; Ernesto López Ramos, que fue el que, haciéndose pasar por un abogado izquierdista, llevó a Delgado a la frontera portuguesa, al que convenció de que se iba a celebrar allí una reunión de personajes de la oposición a Salazar; Casimiro Monteiro, un conocido aventurero al que se le imputa haber dado muerte personalmente al general, y Barbieri Cardoso, que era segundo jefe de la PIDE en 1965.

Al iniciarse la vista, la primera impresión desagradable para la familia del general Delgado, es la de que el fiscal estaba más de parte de los procesados que de la justicia en abstracto, a la que pretendía representar. Gracias a esto, a lo largo de todo el juicio, los abogados de los «pides» inculpados hicieron todo lo posible por oscurecer unos hechos que ya había dejado claros ,el juez español Crespo Márquez, que dirigió la instrucción del su mario en España cuando aparecieron los cadáveres calcinados del general y su secretaria. Instrucción en la que colaboraron do! aboga dos españoles, Robles Romero

Robledo y Jaime Cortezo. El primer procesado interrogado ante el tribunal militar fue el ex jefe de la PIDE en 1965, teniente coronel Silva Pais, que se presentó en estrados con uniforme de gala y el pecho lleno de medallas. Más tarde, alegando una enfermedad incurable, Silva Pais fue puesto en libertad provisional, quedando. sólo en prisión Agostinho Tienza y Pereira de Carvalho. En el interrogatorio de Agostinho Tienza y otros testigos sobre su intervención en los hechos, se descubrió que Tienza había sido probablemente quien disparó contra la secretaria de Delgado, Arajarir de Campos. La intervención del otro «pide», Pereira de Carvalho, había sido más indirecta, pues parece ser que fue el que se encargó de hacer desaparecer, tirándolos al mar, los .coches de la PIDE, que, con matrícula falsa, habían cruzado la frontera por San Leonardo, en 1965, con la brigada encargada de ejecutar al general «sin miedo», principal enemigo entonces de Oliveira Salazar.

En el juicio ante el tribunal militar, que «conmemoró» la sesión número cien en marzo pasado, se hicieron aún más evidentes, a pesar de todos los intentos de confesión, las responsabilidades de los encartados ausentes y presentes. Abranches Ferrao, José Luis Nunes y Luis Saias, los tres abogados de la acusación, fueron desmontando uno a uno los endebles argumentos de los abogados defensores de los «pides» procesados, que intentaron, incluso, implicar en el crimen a Mario Soares y a Alvaro Cunhal. A pesar de la claridad de los hechos, después del triunfo de la alianza derechista (Alianza Democrática) en las elecciones de diciembre pasado, el juicio derivó hacia posiciones inéditas, tratando de librar a la PIDE de toda responsabilidad, empeño en el que sigue colaborando el fiscal, coronel Días Morgado, con la defensa de los procesados, dirigida por el abogado Manuel Anselmo, que, a lo largo de todo el juicio, ha presumido de su amistad con el dictador Salazar.

Pero la mayor sopresa de todo el juicio acaba de ocurrir en estos días. Cuando los abogados de la acusación privada desayunaban en una cafetería frente al cuartel de Santa Clara, antes de una nueva sesión, del interminable proceso, descubrieron sentado en una mesa, en animada charla, a Agostinho Tienza, uno de los dos procesados hasta entonces en prisión. Luego se enteraron que también el otro procesado, Pereira de Carvalho, había sido puesto en libertad provisional. Es decir, que de los componentes de la brigada que asesinaron a Humberto Delgado y a su secretaria, uno! se pasean por el mundo y otros por la propia Lisboa.