La Compañía Auxiliar de Transportes solicita regulación total de plantilla
La Compañía Auxiliar de Transportes, SA, dedicada a la construcción de material ferroviario y calderería en general, podría cerrar en breve plazo si la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid aprueba el expediente de regulación total de plantilla presentado por la dirección el pasado 16 de abril. La CAT cuenta actualmente, sin embargo, con una cartera de pedidos en firme que asciende a más de 650 millones de pesetas, que le garantizaría el trabajo durante casi dos años.
El comité de empresa de CAT está en contra de este expediente de regulación, al considerar que con un sacrificio de...
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La Compañía Auxiliar de Transportes, SA, dedicada a la construcción de material ferroviario y calderería en general, podría cerrar en breve plazo si la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid aprueba el expediente de regulación total de plantilla presentado por la dirección el pasado 16 de abril. La CAT cuenta actualmente, sin embargo, con una cartera de pedidos en firme que asciende a más de 650 millones de pesetas, que le garantizaría el trabajo durante casi dos años.
El comité de empresa de CAT está en contra de este expediente de regulación, al considerar que con un sacrificio de todas las partes se puede conseguir la supervivencia de la empresa; sobre todo, ante las buenas perspectivas que ofrece el plan de inversiones de Renfe para los próximos doce años, que asciende a un billón doscientos mil millones de pesetas (100.000 millones anuales). «Si este plan », aseguran los trabajadores, «quiere crear 50.000 nuevos puestos de trabajo, nosotros sólo queremos conservar los 250 nuestros».Las deudas actuales de la CAT ascienden casi a 180 millones. El acreedor principal es la Seguridad Social (unos 80 millones); le siguen Gonvarri Industrial, SA (casi 15 millones), Laminados Velasco (más de 9 millones), MACOSA (más de 6), y hasta un total de 210 acreedores.
Con una facturación durante 1979 de casi 437 millones de pesetas, el saldo del ejercicio cerró con un balance negativo superior a los 40 millones. Esta situación llevó a la dirección de la empresa (de la que es accionista mayoritario Miguel Igartua Losa) a ofrecer a los trabajadores la posibilidad de que éstos constituyeran una sociedad laboral que se hiciera cargo de su gestión o, por el contrario, se presentaría expediente de crisis.
La asamblea de trabajadores aceptó la fórmula propuesta, siempre y cuando la sociedad saneara las deudas. Cuando se le comunicó esta decisión, el señor Igartua decretó la suspensión de pagos (presentada en la delegación de Trabajo el 11 de febrero), «y todo esto ocurre», dice una nota hecha pública por el comité, «cuando la empresa tiene una cartera de pedidos para dos años y unas perspectivas fabulosas, dado que Renfe, principal cliente, va a hacer grandes inversiones». «Por tanto», dice más adelante, «nos encontramos que 250 trabajadores se van al paro, porque unos señores que durante más de treinta años se han llevado buenos beneficios no quieren saber nada, y además, el Banco Popular, que en los últimos años le ha estado concediendo créditos, ahora se los niega, a pesar de que el director general de la CAT, señor Igartua, es consejero de dicho banco».
En un escrito dirigido al comité de empresa, el señor Igartua asegura a los trabajadores que todo cuanto corresponde a nuevas aportaciones de los accionistas depende en exclusiva de la decisión personal de cada uno de ellos, y que, para alcanzar algo útil, a las ayudas de los accionistas deben unirse otras como la sociedad laboral, el amparo del Gobierno por medio de subvenciones, el aseguramiento de pedidos y de su pronto pago por parte de Renfe, la condonación parcial o aplazamiento de las deudas por parte de los acreedores, así como la regulación actual de la plantilla.
En este sentido, el comité ya ha presentado a la dirección un plan de reestructuración que pasaría por una regulación de plantilla y jubilaciones anticipadas (totalmente a negociar) que ya le ha sido denegado verbalmente por el director general adjunto, Francisco Jiménez.
Mañana, miércoles, el comité de empresa se reúne con los asesores jurídicos de la dirección para intentar encontrar una solución.