El cese

DEL CESE del teniente general Fontenla como director de la Guardia Civil sólo cabe opinar que ha sido una decisión del Gobierno acorde con la letra y el espíritu de la Constitución, congruente con los principios de nuestro sistema parlamentario y revelador de que el Poder Ejecutivo comienza a perder sus absurdos temores a exigir disciplina precisamente a quienes basan en ese valor su propio código de honor y de conducta.Los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que el artículo 8º de la Constitución encomienda la misión de defender el ordenamiento constitucional, se hallan sometidos, al igual ...

DEL CESE del teniente general Fontenla como director de la Guardia Civil sólo cabe opinar que ha sido una decisión del Gobierno acorde con la letra y el espíritu de la Constitución, congruente con los principios de nuestro sistema parlamentario y revelador de que el Poder Ejecutivo comienza a perder sus absurdos temores a exigir disciplina precisamente a quienes basan en ese valor su propio código de honor y de conducta.Los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que el artículo 8º de la Constitución encomienda la misión de defender el ordenamiento constitucional, se hallan sometidos, al igual que el resto de los ciudadanos, a las normas que el Parlamento promulga. El artículo 62 de la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y el artículo 97 señala que el Gobierno dirige, junto a la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Sería un verdadero despropósito que los garantes de la Constitución, doblemente obligados a respetarla por la honrosa misión de defensa que les encomienda su articulado, se convirtieran en infractores de nuestra norma fundamental en cuestiones tan básicas como el respeto a las instituciones parlamentarias y la disciplina debida al Rey y al Gobierno.

Probablemente el teniente general Fontenla ha sido víctima indirecta de las anteriores debilidades e inconsecuencias mostradas por el Gobierno frente a manifestaciones públicas o arengas de altos mandos militares, con mando en plaza e importantes efectivos a sus órdenes, que ponían en entredicho la legitimidad del ordenamiento constitucional. Mientras un oficial joven, como el capitán Pitarch, permanece en un castillo por unas declaraciones a la prensa, una total impunidad ha protegido a otros entrevistados de mayor graduación. El antiguo director general de la Guardia Civil no tiene, en su favor, más atenuante que esos precedentes, en tanto en cuanto pudieran hacerle pensar que una elevada graduación militar constituía un salvoconducto contra cualquier medida disciplinaria.

No se trata, ni remotamente, de caer en un trasnochado antimilitarismo o de afirmar que existen insuperables contradicciones estructurales entre un Parlamento y un Gobierno constitucional que velen por sus fueros, de un lado, y unas Fuerzas Armadas a quienes la Constitución sitúa fuera de los conflictos políticos cotidianos, de otro. Todos los países de democracia parlamentaria demuestran que es posible una perfecta armonía entre las diferentes instituciones del Estado y la subordinación de la Administración militar al Parlamento y al poder civil. Dentro de nuestras Fuerzas Armadas existen todavía hombres a quienes experiencias del pasado o dificultades de adaptación al presente hacen difícil el pleno acatamiento al ordenamiento constitucional vigente. Pero, sin duda, son mayoría los altos mandos y oficiales que creen en las instituciones democráticas. Al Gobierno corresponde, en consecuencia, adecuar las responsabilidades del mando militar con la necesidad de que ese ordenamiento constitucional que las Fuerzas Armadas deben defender no sea atacado, ofendido o menospreciado por sus guardianes.