El proyecto gubernamental del Tribunal de Cuentas puede ser anticonstitucional, según los socialistas

En los postulados de independencia, profesionalidad y prestigio ha basado el PSOE su alternativa al proyecto gubernamental de ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que ha sido enmendado a la totalidad por el mencionado partido, según puso de manifiesto ayer, en conferencia de prensa, el diputado y dirigente socialista Enrique Barón.El proyecto de ley gubernamental, enviado precipitadamente al legislativo, al trascender la prepa ración de una proposición socialista sobre regulación del Tribunal de Cuentas, consagra prácticamente la situación actual de dependencia de este organismo del ejecutivo...

En los postulados de independencia, profesionalidad y prestigio ha basado el PSOE su alternativa al proyecto gubernamental de ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que ha sido enmendado a la totalidad por el mencionado partido, según puso de manifiesto ayer, en conferencia de prensa, el diputado y dirigente socialista Enrique Barón.El proyecto de ley gubernamental, enviado precipitadamente al legislativo, al trascender la prepa ración de una proposición socialista sobre regulación del Tribunal de Cuentas, consagra prácticamente la situación actual de dependencia de este organismo del ejecutivo, restringe su ámbito de actuación (no figura, por ejemplo, la articulación de relaciones entre el Tribunal y las comunidades autónomas) y no garantiza la profesionalidad ni adecuada organización para el buen cumplimiento de sus funciones.

El mayor defecto del proyecto del Gobierno, sin embargo, que podría incluso llevar a calificarlo de anticonstitucional -según Enrique Barón-, se encuentra en la mera definición de la función de control y fiscalización atribuida por el artículo 136 de la Constitución al Tribunal de Cuentas. El texto olvida el desarrollo de tal función en su articulado y la reduce, en definitiva, a una mención decorativa e inoperante, ya que la limita a un simple control de legalidad y no le garantiza independencia ni profesionalidad.

Por ello, una de las principales diferencias entre la propuesta socialista y el proyecto gubernamental se centra en la doble dependencia del Tribunal de Cuentas, por un lado, del Congreso y no del ejecutivo; y por otro, del Tribunal Supremo, lo que es acorde con el principio de unidad jurisdiccional.

Enrique Barón, tras recalcar la importancia del Tribunal de Cuentas como instrumento de control y fiscalización del gasto público, indicó que la consideración de fondos públicos por el Gobierno era muy restrictiva. Para los socialistas, y así lo han hecho constar en el artículo cuarto de su propuesta de ley, deben tener la consideración de fondos públicos los administrados por el sector público y, en general, los bienes, valores, efectos y derechos de toda clase que por cualquier título, procedencia o fundamento pertenezcan o debieran haber pertenecido a la Hacienda Pública, cualquiera que sea la naturaleza del sujeto o entidad que los gestione, recaude, custodie o utilice.

De cara a estos supuestos, y en cuanto al análisis de la gestión de los fondos públicos, la propuesta de ley del PSOE propone una estructura funcional y técnica del Tribunal de Cuentas totalmente diferenciada de la que aparece en el proyecto del Gobierno. Mientras éste se circunscribe a la función jurisdiccional, la propuesta socialista contiene también una detallada estructuración de la función fiscalizadora (consejo auditor, departamentos de control y secciones territoriales). En cualquier caso, añadió Barón, hay una subordinación, de la función fiscalizadora a la jurisdiccional.

La idea socialista se centra en considerar al Tribunal de Cuentas como una jurisdicción contable, y en función de ello, debe estar asistido de unas estructuras y de un personal capacitado para el análisis contable, junto a las estructuras y el personal estrictamente jurídico (consejo jurisdiccional integrado por magistrados, fiscalía y salas de apelación). Todo ello dependiente orgánicamente de la presidencia del Tribunal, cuyo titular -según la propuesta socialista debe contar con el asentimiento de los dos tercios del Congreso y contará con un mandato de nueve años (el proyecto gubernamental deja la posibilidad de que el cargo sea vitalicio).

Esta estructura funcional y técnica, propugnada por los socialistas, iría acompañada por la diversificación del personal al servicio del Tribunal desde los postulados de competencia e independencia.

Enrique Barón insistió también en la necesidad de institucionalizar las relaciones entre el Congreso y el Tribunal de Cuentas, mediante la creación de subcomisiones, y en la posibilidad de que el Tribunal elabore informes concretos a petición de grupos parlamentarios de la oposición. Esto evitaría en buena medida las dificultades actuales de los partidos de la oposición para, controlar los compromisos presupuestarios del Gobierno.

Asimismo, los socialistas dan especial importancia a la articulación del Tribunal de Cuentas con las haciendas locales y con las comunidades autónomas.