El Estatuto de Radiotelevisión Española continúa inoperante
La situación jurídica de RTVE no se ha modificado todavía, a pesar de casi un mes de vigencia del Estatuto de la Radio y la Televisión, cuyo objetivo es crear una estructura organizativa capaz de lograr que este servicio público funcione -según el preámbulo de la ley- «como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos». Como anunciamos ayer, parece aplazada sine die la negociación parlamentaria sobre los doce miembros del consejo de administración de RTVE. Asimismo, el Gobierno se encuentra dividido sobre la adscripción administrativa de RTVE.La disposició...
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La situación jurídica de RTVE no se ha modificado todavía, a pesar de casi un mes de vigencia del Estatuto de la Radio y la Televisión, cuyo objetivo es crear una estructura organizativa capaz de lograr que este servicio público funcione -según el preámbulo de la ley- «como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos». Como anunciamos ayer, parece aplazada sine die la negociación parlamentaria sobre los doce miembros del consejo de administración de RTVE. Asimismo, el Gobierno se encuentra dividido sobre la adscripción administrativa de RTVE.La disposición adicional séptima del Estatuto, publicado en el BOE el pasado 12 de enero, establece el instrumento del decreto para ubicar administrativamente el citado ente público. Con ocasión de la reciente remodelación ministerial, se anunció oficialmente que RTVE pasaría a depender de la Secretaría de Estado para la Información, vinculada directamente al presidente del Gobierno. Como publicó EL PAIS en su día, estaba en estudio el posible paso de la Secretaría de Estado citada al Ministerio de la Presidencia, pero el proyecto no ha cristalizado en un decreto, como consecuencia de la resistencia de José Pedro Pérez Llorca a tener RTVE bajo su competencia.
Por otra parte, las dilaciones centristas para elegir al consejo de administración de RTVE llevan aparejado el retraso en el nombramiento del director general, ya que el Gobierno deberá oír a aquel previamente.