Meliá y la ex Prensa del Movimiento
En relación con el anuncio de la próxima adscripción de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) a la Secretaría de Estado para la Información, hacemos constar que el Gobierno no puede adscribir legalmente la radio, televisión y prensa del Estado a la citada Secretaría de Estado sin(Pasa a página 10)
(Viene de página 9)
consultar al Parlamento. Esta es la tesis mantenida por los representantes de los trabajadores de los MCSE en relación con el propósito gubernamental de traspasar sus periódicos -hasta ahora adscritos al Ministerio de Cultura- a dicha Secr...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
En relación con el anuncio de la próxima adscripción de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) a la Secretaría de Estado para la Información, hacemos constar que el Gobierno no puede adscribir legalmente la radio, televisión y prensa del Estado a la citada Secretaría de Estado sin(Pasa a página 10)
(Viene de página 9)
consultar al Parlamento. Esta es la tesis mantenida por los representantes de los trabajadores de los MCSE en relación con el propósito gubernamental de traspasar sus periódicos -hasta ahora adscritos al Ministerio de Cultura- a dicha Secretaría de Estado. De producirse tal trasvase, adoptaríamos las medidas legales oportunas.
Según nuestro punto de vista, la Constitución impide en su artículo 20 la aplicación a los Medios de Comunicación del Estado del real decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, por el que se faculta al Gobierno para suprimir, reestructurar o crear organismos al servicio del Estado o institucionales, y que viene siendo aplicado en las sucesivas reformas ministeriales.
Por otra parte, y respecto a las declaraciones del señor Meliá, secretario de Estado para la Información, en la referencia del pasado Consejo de Ministros, sobre la venta y cierre de determinados periódicos del mencionado organismo autónomo, los trabajadores denunciamos tales afirmaciones como irresponsables e irrespetuosas para el Tribunal Supremo, cuya sala de revisión de lo contencioso-administrativo resolverá próximamente sobre la constitucionalidad del cierre de seis periódicos y una agencia de prensa estatal.