El Gobierno intenta reforzar su control sobre el ministerio fiscal

Posturas diferentes y, en aspectos básicos, contradictorias mantienen el Gobierno y el ministerio fiscal sobre la naturaleza, organización y funciones de esta institución, cuyo proyecto de estatuto orgánico será remitido al Congreso de los Diputados en la próxima reunión del Gabinete.

Mientras el Gobierno se opone al autogobierno de la institución y pretende robustecer sus vínculos de dependencia respecto al ejecutivo, el ministerio fiscal intenta que se le reconozca una posición intermedia entre el poder judicial y el ejecutivo, pero con independencia de ambos, de conformidad con una t...

Posturas diferentes y, en aspectos básicos, contradictorias mantienen el Gobierno y el ministerio fiscal sobre la naturaleza, organización y funciones de esta institución, cuyo proyecto de estatuto orgánico será remitido al Congreso de los Diputados en la próxima reunión del Gabinete.

Mientras el Gobierno se opone al autogobierno de la institución y pretende robustecer sus vínculos de dependencia respecto al ejecutivo, el ministerio fiscal intenta que se le reconozca una posición intermedia entre el poder judicial y el ejecutivo, pero con independencia de ambos, de conformidad con una tendencia que es constante en los regímenes democráticos más modernos (Italia, Alemania Federal, Portugal, etcétera); es decir: sumisión sólo a la ley, independencia de actuación e imparcialidad de decisión.La tesis del ministerio fiscal fue ampliamente desarrollada en un borrador elaborado por una ponencia de fiscales, bajo la presidencia de Juan Manuel Fanjul, fiscal general del Estado, y remitido al Ministerio de Justicia cuando todavía dirigía este departamento Landelino Lavilla.

La intención de los ponentes era que el borrador sirviera de base al proyecto que, en su día, remitiese el Gobierno al Congreso, en cumplimiento del artículo 124, párrafo tres, de la Constitución, en el que se dice que «la ley regulará el estatuto orgánico del ministerio fiscal».

Los ponentes, tras examinar el citado artículo 124 y, en general, todo el título VI de la Constitución, referente al poder judicial, llegaron a la conclusión de que el ministerio fiscal queda constitucionalmente configurado como un órgano de naturaleza jurisdiccional y no administrativa, como un instituto integrado en la Administración de Justicia y sin dependencias funcionales con respecto al Gobierno o a la Administración.

El artículo 124 de la Constitución resuelve, a juicio de los ponentes, la situación confusa en que la ley orgánica del Estado de 1966 colocó al ministerio fiscal, al que asignó la función de «órgano de comunicación» entre el Gobierno y los tribunales y, en general, acaba con la tradicional concepción de esta institución como prolongación y brazo del poder ejecutivo ante el judicial.

Por otra parte, el borrador recogía el principio de autonomía con la configuración de un consejo fiscal como órgano de gobierno de la institución, cuyos miembros serían elegidos democráticamente, en el que estarían integrados todos los estamentos del ministerio público.

El borrador fue remitido, en primer lugar, al Ministerio de Justicia, y de aquí a la Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional, de la que volvió nuevamente al Mirtisterio de Justicia. En el trayecto, el borrador fue modificado y cambiado y, finalmente, transformado en otro. La tesis del Gobierno parece querer volver a la antigua concepción del ministerio fiscal como brazo del ejecutivo, que haría imposible el mandato constitucional de que esta institución ejerza sus funciones «con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad». Este intento del ejecutivo de reforzar su control sobre el ministerio fiscal le lleva también a rechazar la existencia del consejo fiscal como órgano de gobierno y de participación que garantice la autonomía de la institución.

Seguramente, la tesis del Gobierno no es definitiva y su proyecto de estatuto orgánico del ministerio fiscal sufrirá modificaciones a iniciativa del propio partido del Gobierno, la Unión de Centro Dernocrático, cuando se inicie su discusión en la Comisión de Justicia del Congreso. Por otra parte, los grupos parlamentarios de izquierda tendrán algo que decir al respecto, y no es improbable que se llegue a un texto consensuado que recoja una parte importante de las aspiraciones de los componentes del ministerio fiscal.