El alcalde de Zaragoza y la prensa

He visto en EL PAIS del 22 de noviembre que, por segunda vez, vuelve a aparecer en su periódico la afirmación de que, como alcalde de Zaragoza, he prohibido a los funcionarios dar cualquier información a la prensa. Cuando esta noticia fue publicada en numerosos periódicos españoles, creí necesario explicar en una nota la verdadera naturaleza de mi actitud, pero, aunque fue ampliamente difundida desde el Ayuntamiento de Zaragoza, no tuvo la fortuna de resultar publicada en EL PAIS. De ahí que de nuevo, el pasado día 22, un lector de su periódico pueda dar por buena la noticia de la prohibición ...

He visto en EL PAIS del 22 de noviembre que, por segunda vez, vuelve a aparecer en su periódico la afirmación de que, como alcalde de Zaragoza, he prohibido a los funcionarios dar cualquier información a la prensa. Cuando esta noticia fue publicada en numerosos periódicos españoles, creí necesario explicar en una nota la verdadera naturaleza de mi actitud, pero, aunque fue ampliamente difundida desde el Ayuntamiento de Zaragoza, no tuvo la fortuna de resultar publicada en EL PAIS. De ahí que de nuevo, el pasado día 22, un lector de su periódico pueda dar por buena la noticia de la prohibición y desarrolle una teoría sobre la información en la que estoy absolutamente de acuerdo. Mi única discrepancia con el firmante de la carta publicada es, naturalmente, el punto de partida: el alcalde de Zaragoza no prohibe a los funcionarios que den información a la prensa. Lo que ha prohibido es que nadie pueda emitir información u opiniones personales de tal manera que las haga aparecer como oficiales del Ayuntamiento o de cualquiera de sus cuerpos y servicios.Quizá convenga relatar brevemente la historia. En días pasados, y con motivo de la apertura de expedientes a cierto número de funcionarios municipales en un tema de disciplina interna, apareció en un diario zaragozano un escrito que se presentaba como nota oficial de la Policía Municipal de Zaragoza, cuerpo al que pertenecen los funcionarios expedientados, y en la que se hacía una descripción de los hechos subjetiva y unilateral. Hechas las averiguaciones pertinentes, pudo saberse que aquella nota en modo alguno era atribuible a la Policía Municipal como tal, sino a uno de sus miembros, precisamente uno de los expedientados. Se entenderá que el alcalde de Zaragoza no puede admitir hechos como el citado, y que haya prohibido que ningún funcionario se atribuya la representación de todo un cuerpo y menos todavía de todo un Ayuntamiento.

En la posterior nota aclaratoria, que no difundieron las agencias, afirmé que «de ninguna forma se prohibe que cualquier funcionario pueda hacer declaraciones libremente siempre que sean hechas a título personal, sin implicar para nada a la Corporación o a cualquiera de sus cuerpos y servicios municipales». Esta es la práctica real en el Ayuntamiento de Zaragoza, que, por lo demás, creo que está demostrando una profunda fe en la libertad de información. Sabemos que la información, lo mismo que el presupuesto, no es un patrimonio privado, sino común a todos los ciudadanos. Para saberlo no haría falta ser socialista; basta con ser demócrata.