Fuerte polémica en torno a las supuestas torturas en el País Vasco

La fuerte polémica existente sobre las supuestas torturas a detenidos en el País Vasco no lleva trazas de acabar, y cada día se endurece más, con la reafirmación de sus respectivas posiciones por parte de los protagonistas de este asunto. El Ministerio del Interior facilitó ayer una nota en la que considera que las denuncias «forman parte de una campaña de desprestigio contra los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado», al tiempo que afirma la falsedad de las mismas, mientras el diputado Bandrés ha vuelto a reiterar la certeza de los hechos denunciados.

Para el Ministerio del Inte...

La fuerte polémica existente sobre las supuestas torturas a detenidos en el País Vasco no lleva trazas de acabar, y cada día se endurece más, con la reafirmación de sus respectivas posiciones por parte de los protagonistas de este asunto. El Ministerio del Interior facilitó ayer una nota en la que considera que las denuncias «forman parte de una campaña de desprestigio contra los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado», al tiempo que afirma la falsedad de las mismas, mientras el diputado Bandrés ha vuelto a reiterar la certeza de los hechos denunciados.

Para el Ministerio del Interior -que anuncia encontrarse a la espera de actuaciones de la Fiscalía del Estado-, las denuncias formuladas por el diputado Bandrés han sido suficientemente investigadas y está «demostrada la falsedad de tan graves acusaciones». Estas últimas se referían a presuntos malos tratos a Miguel Amilibia e Izaskun Arrazola, que les habrían sido inferidos durante su estancia en la comandancia de la Guardia Civil y comisaría de San Sebastián.En relación con recientes afirmaciones del portavoz del Gobierno, Josep Meliá, en el sentido de que de haber existido realmente las lesiones denunciadas se habrían agotado los plazos de detención previstos en la ley, para evitar que fueran perceptibles, el diputado Bandrés afirma que con Izaskun Arrazola se agotó el plazo máximo de los diez días, y en lo que se refiere al otro detenido prácticamente quedó también agotado dicho plazo.

Bandrés añade además, en su réplica al portavoz del Gobierno, que el hecho de que una'persona quede incomunicada a disposición de la policía durante diez días equivale a la firma de un cheque en blanco a la tortura. «Y ahora», continúa dirigiéndose a Meliá, «usted me acaba de dar la razón. Porque usted explica perfectamente lo que hay que hacer en el penoso caso de que las sevicias fisicas dejen huella apreciable».

El mismo portavoz del Gobierno volvió ayer a referirse al tema de las supuestas torturas, durante una conferencia de prensa, en respuesta a las preguntas de varios periodistas. Meliá aseguró que el Gobierno está dispuesto a dar facilidades a la comisión de investigación creada por varios partidos políticos para estudiar las denuncias de supuestas torturas en el País Vasco y Navarra. Dijo que este tema debe quedar en el ámbito de lo penal y abandonar el terreno político, e insistió, a su vez, en la falsedad de las denuncias formuladas hasta el momento por el diputado de Euskadiko Ezkerra.

Páginas 11 y 13 Editonial página 10