Condenas de dos a quince años para dieciocho autonomistas bretones
Tras cinco semanas de proceso contra los veinticuatro supuestos militantes del Frente de Liberación de Bretaña (FLB), seis fueron liberados y los demás condenados a penas que oscilan entre dos y quince años de reclusión criminal, Los autonomistas bretones fueron juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado, tribunal de excepción integrado por civiles y militares.
Este proceso, terminado el sábado último por la noche, se inscribe en la lucha del Estado francés contra los brotes autonomistas, separatistas o culturales que, durante los últimos lustros, se manifiestan de manera crec...
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Tras cinco semanas de proceso contra los veinticuatro supuestos militantes del Frente de Liberación de Bretaña (FLB), seis fueron liberados y los demás condenados a penas que oscilan entre dos y quince años de reclusión criminal, Los autonomistas bretones fueron juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado, tribunal de excepción integrado por civiles y militares.
Este proceso, terminado el sábado último por la noche, se inscribe en la lucha del Estado francés contra los brotes autonomistas, separatistas o culturales que, durante los últimos lustros, se manifiestan de manera creciente en las diversas regiones francesas. Después del espectacular atentado del FLB contra el castillo de Versalles, en 1978, la represión policial en Bretaña alcanzó cimas sin precedentes. Con este proceso, el Gobierno de París estima haber estrangulado el movimiento separatista bretón. En efecto, el FLB atraviesa un momento de «inexistencia», que reconocen sus propios dirigentes.
En el proceso, los presuntos militantes del FLB (una mayoría no pertenece al movimiento separatista), fueron acusados de setenta atentados, cometidos entre 1974 y 1978. Dos de los acusados han sido condenados a quince años de reclusión criminal, uno a nueve años, otro a siete, otro más de cuatro, trece a penas que oscilan entre dos y tres años, y los seis restantes fueron liberados.
Globalmente, el veredicto se estima «relativamente duro» respecto a las penas «ejemplares» que reclamaba el abogado general. Los más optimistas creen que el Gobierno estaría dispuesto a contemporizar levemente con la reivindicación más unánime a lo largo del proceso: la defensa de una cultura, de un modo de vida de un país específico, Bretaña.