La ponencia finalizó la primera lectura de la ley del Deporte

Comenzaron el pasado miércoles los trabajos de la ponencia que estudia el proyecto de ley del deporte, elaborado por Castejón y presentado por el Gobierno. Terminada la primera lectura, hay importantes divergencias de criterios -PSOE, PCE y PNV presentaron en su día enmiendas a la totalidad que fueron derrotadas-, y la propia UCD ha preparado un amplio número de enmiendas. Todo hace suponer que la ley de Castejón quedará muy reformada.Las tres sesiones consumidas hasta ahora -miércoles, jueves y ayer, viernes- se ha procedido a la lectura previa de la ley, y las discusiones se han centrado de ...

Comenzaron el pasado miércoles los trabajos de la ponencia que estudia el proyecto de ley del deporte, elaborado por Castejón y presentado por el Gobierno. Terminada la primera lectura, hay importantes divergencias de criterios -PSOE, PCE y PNV presentaron en su día enmiendas a la totalidad que fueron derrotadas-, y la propia UCD ha preparado un amplio número de enmiendas. Todo hace suponer que la ley de Castejón quedará muy reformada.Las tres sesiones consumidas hasta ahora -miércoles, jueves y ayer, viernes- se ha procedido a la lectura previa de la ley, y las discusiones se han centrado de forma especial en tres puntos: todo lo concerniente a la educación física, al propio carácter del organismo rector del deporte y a la financiación.

Respecto a la educación física, consideran que el proyecto de ley ignora o poco menos esta cuestión. En palabras de un diputado socialista, «más que afrontarlo, lo despeja, echa un balón fuera». UCD ha propuesto que se incluya una disposición adicional según la cual en un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de educación física. La nueva solución propuesta por UCD agrada al Colegio de Profesores de Educación Física. El PSOE estima que no sería aceptable ninguna solución que no supusiese la integración en la Universidad de los estudios de esta materia.

Respecto al propio carácter del organismo que debe regir el deporte, los partidos opinan que debe ser una secretaría de Estado, mientras que el proyecto y UCD sostienen que es más conveniente que sea un organismo autónomo, como viene siendo hasta ahora, con rango de secretario general para la persona que esté a su mando. Respecto a la financiación, los partidos de oposición desean que el dinero del deporte salga de los Presupuestos Generales del Estado. La ley propone las quinielas como fuente de financiación, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora. Al respecto, Castejón teme que si el deporte recibe el dinero de los Presupuestos Generales del Estado, a la hora de hacer economías se empiece precisamente por el deporte, y entiende que las quinielas suponen una fuente de financiación mucho más segura. UCD quiere mantener los ingresos de las quinielas, y, en todo caso, ampliarlos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La estructuración

Más posibilidades de acuerdo hay en lo que se refiere a la estructuración del máximo organismo deportivo. Para los partidos de oposición, es vital arrebatar el papel preponderante a las federaciones, y favorecer la presencia en las altas decisiones del deporte popular. Se ha especulado con una fórmula, que agrada al propio Castejón -que estuvo el jueves por la tarde en las Cortes conversando con algunos miembros de la ponencia- y consistente en crear una asamblea del deporte con dos cámaras. Una cámara con las federaciones, el COE, los estamentos representativos del deporte de alta competición y otra formada por la representación del deporte popular, a través de asociaciones vecinales, municipales, etcétera. El PSOE desea que se cree una confederación de federaciones. Algún diputado de UCD considera esto como poco funcional.Un debate interesante se produjo ayer en torno a la regulación jurídica del deporte. La ley propone que haya un comité de apelación ante el que puedan ser recurridas las sanciones y cuyos fallos sean, a su vez, irrecurribles. Los partidos de oposición podrían admitir que sean irrecurribles ciertas sanciones de carácter deportivo -como la suspensión de un jugador para actuar en algunos partidos-, pero no otras -asuntos como la sanción de atletas por parte de la Federación-, y mucho menos las que tienen carácter laboral, como podrían ser las sanciones económicas a futbolistas.