Las fuerzas políticas buscan doce "hombres justos" para el Tribunal Constitucional

La cuenta atrás para iniciar el proceso que lleve a la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional está a punto de comenzar, una vez que entre en vigor la ley orgánica de este organismo, pendiente ya sólo de su publicación en el BOE. La formación del Tribunal Constitucional, y muy fundamentalmente la búsqueda de sus doce hombres justos, ha pasado a ser en estos momentos uno de los objetivos más inmediatos del Gobierno y de las principales fuerzas políticas parlamentarias.

GORUnión de Centro Democrático (UCD), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista d...

La cuenta atrás para iniciar el proceso que lleve a la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional está a punto de comenzar, una vez que entre en vigor la ley orgánica de este organismo, pendiente ya sólo de su publicación en el BOE. La formación del Tribunal Constitucional, y muy fundamentalmente la búsqueda de sus doce hombres justos, ha pasado a ser en estos momentos uno de los objetivos más inmediatos del Gobierno y de las principales fuerzas políticas parlamentarias.

GORUnión de Centro Democrático (UCD), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE) han iniciado ya contactos con posibles candidatos, al mismo tiempo que han hecho aproximaciones entre sí, tímidas por el momento, con vistas a elaborar por consenso unos criterios comunes, que amplíen y completen los establecidos en la ley, sobre las características que deberán tener los futuros magistrados constitucionales.Aunque la ley orgánica del Tribunal Constitucional ha sido ya elaborada y aprobada por el Parlamento, su entrada en vigor se aplazará hasta la aprobación de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, actualmente en tramitación en el Congreso. Este Consejo General es una de las cuatro instituciones, junto con el Gobierno, el Congreso y el Senado, a las que la Constitución atribuye la función de proponer magistrados para el Tribunal Constitucional.

Visto el actual estado en que se encuentra la tramitación de esta ley orgánica y los plazos señalados en la misma para la constitución del Consejo General del Poder Judicial, los expertos constitucionales, incluidos los que tienen a su cargo en el seno del Gobierno las tareas del desarrollo constitucional, aventuran que el Tribunal Constitucional no estará constituido antes de la próxima primavera.

Todas las fuerzas políticas consultadas por EL PAIS son conscientes de la importancia del Tribunal Constitucional para la consolidación del sistema democrático y, por eso, extreman las precauciones a la hora de pensar en nombres de posibles candidatos a dicho Tribunal. UCD, PSOE y PCE parecen estar de acuerdo en que los futuros magistrados constitucionales sean hombres sin vinculaciones directas con los partidos políticos, no sólo a nivel de función directiva, como exige la ley, sino a nivel de simple militante. Gregorio Peces-Barba ha sido explícito en este punto: «Los socialistas no intercambiamos cromos, como decía un reciente editorial de EL PAIS, y no se nos ha pasado en ningún caso por la imaginación proponerme a mí para el Tribunal Constitucional, de la misma manera que no aceptamos que sea propuesto ningún político militante de un partido. En base a este criterio, estamos en contra de algunos nombres que suenan, como el de Emilio Attard.»

La independencia partidista que los partidos políticos quieren para los futuros magistrados constitucionales no implica que éstos no puedan tener una ideología definida en uno u otro sentido, siempre que el contenido de la misma, y en esto hacen especial hincapié las fuerzas políticas consultadas, sea claramente democrático.

Un portavoz del PCE ha expuesto el criterio de este partido en estos términos: «Los magistrados del Tribunal Constitucional deben ser hombres y mujeres de una clara tradición democrática y su sola condición política debe ser precisamente ésta: ser demócratas, tener una trayectoria como tales y estar dispuestos ahora a defender el régimen democrático.»

Además de su condición política democrática, al margen de la militancia activa, los partidos políticos buscan candidatos al Tribunal Constitucional que tengan unas determinadas características de competencia y prestigio profesionales y de autoridad moral y científica. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, ha resumido así las características que deberán reunir los futuros magistrados constitucionales: preparación jurídica, es decir, tener auctoritas reconocida en el ámbito jurídico; independencia de criterio; seriedad, por lo que su edad debe ser próxima, por arriba o por abajo, a los sesenta años; experiencia en asuntos del Gobierno y de la Administración, sin que sea suficiente ser un teórico; estar curado de ambiciones políticas (no ser un político en activo), y tener una ideología democrática.

El PCE ha apuntado la necesidad de que los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, al menos los que deben ser propuestos por el Parlamento, superen ampliamente la barrera de los tres quintos de votos exigidos para su elección. Enrique Curiel, secretario del Grupo parlamentario Comunista, ha manifestado a este respecto: «En lo que se refiere a los candidatos que debe proponer el Congreso, los comunistas estamos dispuestos a establecer con las otras fuerzas políticas un acuerdo para buscar cuatro nombres que consigan una amplia mayoría.» Otro de los criterios que unánimemente apuntan las fuerzas políticas consultadas es que los futuros magistrados constitucionales deberán cubrir el espectro de todos los temas jurídicos, fundamentalmente los de carácter administrativo, constitucional y de libertades públicas. Igualmente, las fuerzas políticas consultadas se mostraron de acuerdo en incluir en el Tribunal Constitucional magistrados representativos de alguna de las comunidades autónomas, para que no dé la sensación de que se trata de «un tribunal de Madrid y que actúa sólo desde Madrid».