El. Gobierno propone un *impuesto del 5% sobre los precios de la electricidad
El Gobierno aprobó en su reunión del viernes el proyecto de ley por el que se establece un canon sobre la producción y consumo de energía eléctrica, que tiene por fin compensar y primar a aquellas provincias que disponen de instalaciones que producen más energía de la que consumen. Se trata de un tributo estatal que grava con un 5%, sobre la tarifa en vigor, los consumos de energía.
Este tributo será abonado por los consumidores finales de energía, que verán encarecidas las tarifas en esa cuantía y será recaudado por las compañías eléctricas, que entregarán esos fondos al Tesoro. El tri...
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El Gobierno aprobó en su reunión del viernes el proyecto de ley por el que se establece un canon sobre la producción y consumo de energía eléctrica, que tiene por fin compensar y primar a aquellas provincias que disponen de instalaciones que producen más energía de la que consumen. Se trata de un tributo estatal que grava con un 5%, sobre la tarifa en vigor, los consumos de energía.
Este tributo será abonado por los consumidores finales de energía, que verán encarecidas las tarifas en esa cuantía y será recaudado por las compañías eléctricas, que entregarán esos fondos al Tesoro. El tributo supone, con las tarifas actuales, un coste adicional para el consumidor del orden de quince céntimos por kilovatio hora.Este tributo se repartirá desde el Tesoro a todas las diputaciones provinciales, según la potencia- de las instalaciones de producción eléctrica situadas en cada provincia que no sean de fuel-oil o gas natural.
Tomando como referencia la potencia instalada y e¡ consumo en el año 1978, si el proyecto de ley del Gobierno hubiera estado en vigor ese año, el funcionamiento del mismo hubiera representado los costes e ingresos por provincia que aparecen en el cuadro adjunto, que ha sido facilitado por el Ministerio de Industria.
Este nuevo impuesto supondrá, si entra en vigor, el pago por parte de los consumidores de unos 14.000 ó 15.000 millones de pesetas en el año 1980 (supondría 11.500 millones en 1978). La entrada en funcionamiento de una central nuclear de mil megavatios supone un ingreso pará` la diputación de la provincia en que esté instalada del orden de los 650 millones de pesetas.
Este tributo tiene unos efectos redistributivos, ya que trasladan rentas de unas a otras zonas. El flujo de fondos que establece es básicamente de zonas muy industrializadas a zonas no industriales, con la excepción de Asturias y de Sur y Este a Norte, ya que en el Noroeste y Pirineos de la Península se concentra la mayor potencia hidroeléctrica del país. Cuatro provincias recibirán cantidades superiores a los mil millones de pesetas (Asturias, Salamanca, Cáceres y Orense) y otras cuatro superiores a los quinientos millones (La Coruña, Lérida, León y Tarragona). Por el contrario, los consumidores de Madrid y Barcelona pagarán más de mil millones al año por este nuevo tributo y los de Asturias, Vizcaya y Valencia más de quinientos millones.Por regiones, y a la vista de los saldos entre lo pagado por los consumidores y lo recibido por las diputaciones, las más favorecidas son León, Extremadura,, Galicia, La Mancha (excluido Madrid) y Aragón. Las más perjudicadas son Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia y Canarias.
En el Boletín Oficial de ayer se publicó el decreto de creación del comité de control del sector eléctrico. Este decreto es resultado del cumplimiento por el Gobierno de las resoluciones del Plan Energético. El comité está integrado por diecisiete miembros. El presidente será el ministro de Industria, que podrá delegar en el subsecretario; el vicepresidente, el comisario de Energía, y el secretario, el director general de Energía. Los catorce vocales representarán a la Administración (siete), sector eléctrico (cuatro -uno del sector público-) y a los usuarios (tres). El comité deberá ser informado sobre los intercambios de energía entre las empresas, sus resultados, las nuevas inversiones, emplazamiento y sistemas de inversión y podrá proponer proyectos y medidas de reducción de costes.