Los sueldos de los alcaldes

LAS ELECCIONES municipales del pasado mes de abril sustituyeron a los administradores digitales de los ayuntamientos por representantes democráticamente designados. El resultado de, las urnas situó, además, en las alcaldías de gran parte de la España urbana a los candidatos de la izquierda y del nacionalismo vasco y catalán. Sin embargo, la sensación de que algo tangible e inmediato comenzaba a cambiar en la vida cotidiana de los ciudadanos, forzados durante cuatro décadas a ser simples súbditos, todavía no ha recibido, en la gran mayoría de los casos, otra confirmación que la no del todo desd...

LAS ELECCIONES municipales del pasado mes de abril sustituyeron a los administradores digitales de los ayuntamientos por representantes democráticamente designados. El resultado de, las urnas situó, además, en las alcaldías de gran parte de la España urbana a los candidatos de la izquierda y del nacionalismo vasco y catalán. Sin embargo, la sensación de que algo tangible e inmediato comenzaba a cambiar en la vida cotidiana de los ciudadanos, forzados durante cuatro décadas a ser simples súbditos, todavía no ha recibido, en la gran mayoría de los casos, otra confirmación que la no del todo desdeñable de los cambios simbólicos de la toponimia callejera.La difícil situación financiera de la Administración local, el principio constitucional del respeto de los derechos adquiridos y la falta de práctica en el ejercicio del poder de los condenados a la clandestinidad bajo el franquismo son argumentos que pueden esgrimir los alcaldes y concejales de la izquierda para pedir un margen de confianza. Tal vez, sin embargo, juegue también un papel en la lentitud del despegue la -propia complejidad de la vida municipal, sobre todo en las grandes capitales, y la infundada confianza, previa a las elecciones, en que a la célebre «cocinera» de Lenin le bastaba y le sobraba con la honestidad personal y la buena voluntad para poner orden en la administración pública. En cualquier caso, los ayuntamientos de izquierda tendrán que someterse al aprendizaje de la eficacia y conseguir la confianza de los votantes cumpliendo sus promesas electorales. Muchos son los caminos que pueden abrir hacia el futuro para hacer nuestras ciudades y pueblos más habitables y para crear o mejorar los equipamientos colectivos de educación, cultura, transporte, sanidad y ocio. Y, como ha demostrado el Ayuntamiento de Getafe, las leyes del pasado no sólo consagran situaciones adquiridas de abuso y privilegio, sino que también se pueden aplicar para sancionar a quienes las han infringido.

Por lo demás, los nuevos ayuntamientos democráticos están sometidos a una campaña de desprestigio desencadenada por algunos de los que manejaban incansable mente el incensario en honor de los alcaldes que destrozaron nuestros paisajes urbanos y fueron partícipes o cómplices de escandalosos enriquecimientos. Así, los acuerdos para remunerar a los alcaldes y concejales han recibido, además de incomprensiones sectarias de algu nos sectores de la izquierda, críticas malevolentes y de magógicas desde la derecha. Parece innecesario señalar, a este respecto, que el principio mismo de que los adminis tradores municipales perciban sueldos por su trabajo está a salvo de cualquier reparo. La regla de que quienes desempeñan funciones públicas tienen que recibir hono rarios no es sólo justa, sino conveniente. De otra forma, esos cargos quedarían reservados, en régimen exclusivo, a rentistas filantrópicos o a caballeros de industria que percibirían por debajo de la mesa lo que no obtuvieran con luz y taquígrafos. Ahora bien, la aplicación en la práctica de ese criterio en sí mismo indiscutible se presta a matizaciones y discrepancias.

Así, parecería necesario señalar alguna norma general y orientadora que fijara la anchura de la banda de remuneraciones, en relación con los presupuestos locales y el horario de trabajo, y que limitara, al alza y a la baja, las competencias de las corporaciones locales en este terreno a fin de evitar los contrastes de excesiva generosidad o maníaca tacañería hoy existentes. En una época de crisis y de reducción del gasto público, puede resultar chocante que un alcalde gane más que -digamos- un director general de la Administración central; y tampoco debe depender de los humores rumbosos o espartanos de un colectivo de concejales la asignación de retribuciones. El principio del «tiempo completo» parece también exigible para quienes reciben las remuneraciones máximas. Y no vendría mal que los partidos establecieran criterios de incompatibilidad entre las funciones parlamentarias y las responsabilidades en la Administración local, tanto para evitar la mala impresión que produce la percepción por dos vías de sueldos con cargo a los impuestos ciudadanos como para garantizar el pleno rendimiento de sus militantes en el trabajo que se les asigna.