Fuego en la ciudad

Los 71 muertos y 106 heridos, balance oficial provisional del incendio del hotel Corona de Aragón, deben ser, por desgracia, un trágico argumento para que en este país se plantee con mayor rigor y seriedad todo lo relacionado con la protección y seguridad civil. Descartada la hipótesis de un acto provocado, los hechos de ayer en Zaragoza pasan a engrosar el dramático carrusel que jalonan como puntos más sobresalientes la tragedia del año pasado en él camping de Los Alfaques o la del anterior en el aeropuerto de Tenerife por el choque de dos aviones Jumbo. Que sucedan hechos de es...

Los 71 muertos y 106 heridos, balance oficial provisional del incendio del hotel Corona de Aragón, deben ser, por desgracia, un trágico argumento para que en este país se plantee con mayor rigor y seriedad todo lo relacionado con la protección y seguridad civil. Descartada la hipótesis de un acto provocado, los hechos de ayer en Zaragoza pasan a engrosar el dramático carrusel que jalonan como puntos más sobresalientes la tragedia del año pasado en él camping de Los Alfaques o la del anterior en el aeropuerto de Tenerife por el choque de dos aviones Jumbo. Que sucedan hechos de esta naturaleza parece, en principio, más propio de sistemas sociales económicos de orbitas tercermundistas que de países industrializados. Pero si el riesgo es en cualquier caso inevitable, por muchas medidas que se tomen no lo debe ser en última instancia la petición de responsabilidades.La legislación española sobre normas de seguridad y prevención de riesgos catastróficos en establecimientos públicos es un modelo de confusión, colisión de competencias y, como consecuencia, de incumplimiento generalizado. Resulta un tanto inconcebible que un país, para el que el turismo representa una de sus principales fuentes de riqueza y empleo, carezca de una legislación mínima a nivel estatal y de carácter obligatorio para la prevención de incendios.

Los ayuntamientos son los organismos competentes, sin necesidad de observar unos mínimos generales, para marcar este tipo de normas en sus ordenanzas municipales. La realidad de esta situación conduce a que práctica mente sólo los municipios de Madrid y Barcelona cuenten con unas disposiciones serias y se exija su cumplimiento con cierto rigor. No obstante, incluso las normas de estos dos ayuntamientos parecen un tanto anticuadas e insuficientes. En buen número de casos son vagas recomendaciones y denotan la falta de utilización de criterios técnicos sobre la calidad y características de los materiales de construcción. Quizá este caos legislativo, esa despreocupación generalizada responde a actitudes más profundas. La obsesiva preocupación existente en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, manifestada en una constante señalización de salidas de urgencia, escaleras de incendio, etcétera, responde a una concepción de la vida social respetuosa y precavida, donde la improvisación y el genio ceden su sitio a la aplicación de la técnica.

Es, en definitiva, la mánifestación primera de respeto de una Administración para los ciudadanos que les pagan y que pueden tranquilamente pernoctar en un hotel, sin necesidad de despertar a primeras horas de la mañana sobresaltados por el fuego, el humo y las llamas.

En resumen, esperamos y deseamos que estos graves sucesos llamen la atención del Gobierno y de los nuevos ayuntamientos sobre las características concretas y reales del administrar. De nada sirve, por lo demás, instrumentar leyes si no se cumplen, si las corruptelas administrativas, la improvisación, el chalaneo o el amiguismo cunden entre los responsables de aplicar la ley. De nada servirá que lluevan chorros de tinta lamentando la tragedia ni acudan las autoridades a expresar su condolencia a las víctimas si no se hace caer las responsabilidades de los fallos sobre quien verdaderamente sea responsable y si no se prevé en el futuro una ordenación adecuada de la seguridad cívica. España es un país con la cultura y renta suficientes para instrumentar una organización de protección civil a la altura de los tiempos.