Darquier, en Madrid

He tenido la satisfacción de leer en el BOE el proyecto de Constitución, que el pueblo español deberá sancionar el próximo 6 de diciembre, y que enorgullece, sin duda alguna, no sólo a todos los españoles de derecho, sino también a los que por sus orígenes se consideran españoles de hecho, y entre estos últimos, que son unos cuantos millones de judíos sefarditas distribuidos en todo el mundo, me incluyo.El artículo 15 de la Constitución y el artículo 16, en su apartado uno, son una breve, pero maravillosa, síntesis de esta carta magna de la España democrática de hoy. Estoy seguro que es...

He tenido la satisfacción de leer en el BOE el proyecto de Constitución, que el pueblo español deberá sancionar el próximo 6 de diciembre, y que enorgullece, sin duda alguna, no sólo a todos los españoles de derecho, sino también a los que por sus orígenes se consideran españoles de hecho, y entre estos últimos, que son unos cuantos millones de judíos sefarditas distribuidos en todo el mundo, me incluyo.El artículo 15 de la Constitución y el artículo 16, en su apartado uno, son una breve, pero maravillosa, síntesis de esta carta magna de la España democrática de hoy. Estoy seguro que esta Constitución será aceptada masivamente por la sensatez y buen criterio de todos los españoles, con lo que antes de que termine 1978 este texto regirá e inspirará la vida, actos e iniciativas de todos los españoles.

También estoy seguro de que no pasará inadvertido en todas las jerarquías del poder judicial y, muy particularmente, del ministerio fiscal (artículo 124 de la Constitución), el hecho de que en España, concretamente en Madrid, y exactamente en la calle del Comandante Fortea, 9 -según reza la guía telefónica-, habita el señor Louis Darquier de Pellepoix (ex comisario general de Asuntos Judíos del Gobierno de Vichy).

No dudo que las instancias judiciales habrán tenido conocimiento en estos días de las actividades del ex comisario general de Asuntos Judíos, puestas a la luz de la infor mación pública, primero, por el semanario L'Express, de París, y, ahora, por la revista Interviú, en su número 130.

Repasando el Código Civil leo que «los extranjeros gozan en España de los derechos que las leyes civiles conceden a los españoles...». Sin embargo, no conozco ninguna ley civil que proteja a ningún español si hubiera cometido o instigado el genocidio en la persona de 75.000 individuos, sea cual fuere su religión o creencia.

Igualmente, el Código Penal, en su título VIII, castigaba hasta con la pena de muerte al reo que comete el delito, entre otras circunstancias, con alevosía o con premeditación conocidas. No exime de culpa a los extranjeros. O sea, que tampoco ningún español hubiera dejado de ser punido si hubiese cometido o instigado o colaborado o facilitado, la muerte de 75.000 personas.

El título preliminar del Fuero de los Españoles proclama el respeto a la dignidad, integridad y libertad de la persona humana. No protege en nada a las hienas (perdón por las hienas) que envían a campos de exterminación a 75.000 «personas humanas», aunque sean judías.

Me pregunto cómo se sentirá el español el próximo día 7, después de haber votado una Constitución, sabiendo que en una ciudad de su España, en una calle de su ciudad, y en un piso de su vecindad, un nazi aún sueña y añora con los tiempos en que colaboró en la matanza de 75.000 judíos -hombres, mujeres y niños-, y seguramente muchos de ellos españoles, de hecho, por sus raíces sefarditas.

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