Martín Villa considera resueltos todos los atentados graves de extrema derecha

El ministro del Interior afirmó ayer en una conferencia de prensa que no parece que exista en España una organización terrorista de extrema derecha, ya que se está, más bien, ante acciones aisladas, y añadió que todos los atentados graves de este signo salvo uno -el asesinato del estudiante Carlos González en la calle de Barquillo en otoño de 1976- han sido policialmente resueltos. El señor Martín Villa considera que, además de este asesinato, el historial grave de la extrema derecha se ciñe a los atentados de Atocha, El Papus y a la muerte de Arturo Ruiz.

Se negó por el momento a inclu...

El ministro del Interior afirmó ayer en una conferencia de prensa que no parece que exista en España una organización terrorista de extrema derecha, ya que se está, más bien, ante acciones aisladas, y añadió que todos los atentados graves de este signo salvo uno -el asesinato del estudiante Carlos González en la calle de Barquillo en otoño de 1976- han sido policialmente resueltos. El señor Martín Villa considera que, además de este asesinato, el historial grave de la extrema derecha se ciñe a los atentados de Atocha, El Papus y a la muerte de Arturo Ruiz.

Se negó por el momento a incluir en esta lista el atentado cometido contra EL PAIS, en el que resultó muerto el trabajador Andrés Fraguas y heridos Juan Antonio Sampedro y Carlos Barranco. Sin embargo, afirmó que «en el caso de EL PAIS se está trabajando mucho y bien» y que evitaba ser más explícito para no interferir la marcha de la investigación.

No hay más terrorismo que el de ETA

Abundando en el tema del terrorismo, al que fue llevado un poco contra su voluntad, ya que el objetivo de la rueda de prensa era presentar un informe sobre el orden público en general, el señor Martín Villa afirmó, como lo hiciera en el Pleno del Congreso sobre el orden público celebrado la semana pasada, que en España no hay más terrorismo que el de ETA. Explicó a continuación que con ello quiere decir que sólo la ETA se escapa a la acción policial, ya que tanto el MPAIAC como los GRAPO se encuentran prácticamente desmantelados «al margen de algunos cabos sueltos». El informe ayer presentado a los medios informativos, que ya ha sido distribuido a todos los parlamentarios, recoge las principales reformas en materia de orden público, tanto en el aspecto normativo como en el de organización y funcionamiento de las fuerzas de seguridad desde 1975 hasta la fecha.

Con él, el señor Martín Villa pretende desmontar las dos críticas fundamentales que, desde diversos sectores sociales, se han hecho a su gestión: la falta de una política de orden público y el incremento de los delitos y de la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos.

El ministro del Interior fecha el punto de partida de la reorganización de los cuerpos de seguridad del Estado en el informe que presentó ante el Consejo de Ministros el 13 de mayo de 1977.

Como líneas principales de esa reorganización se fijaban las siguientes: profesionalización de las fuerzas de orden público; dedicación del Cuerpo General de Policía a las misiones específicas del mismo, relevándoles de las tareas administrativas; actualización de los sistemas de enseñanza y perfeccionamiento profesional y técnico; redistribución territorial y personal; especial atención a la modernización de las dotaciones de material y medios antidisturbios; intensificación de las medidas de política social respecto a los miembros de las FOP y a sus familiares; revisar las normas de prevención de atracos; actualizar el Reglamento de Armas y Explosivos y creación de una Brigada Especial Antiterrorista.

Cuatro mil ciento cuarenta y cuatro millones para las FOP en 1979

El conjunto de decisiones tendentes a la consecución de estos objetivos son agrupados en el informe en cuatro capítulos: los hombres, los medios, la organización y la actuación. La síntesis que el señor Martín Villa hizo de todo ello es que considera suficiente la plantilla de 49.165 funcionarios que compondrán en 1979 la plantilla de las fuerzas de orden público (45.419 en 1978) y que no pedirá aumento de la misma en tanto no se dé una utilización óptima de los medios humanos existentes. La creación de nuevas comisarías, la implantación de la Policía Armada en las ciudades de más de 20.000 habitantes y la liberación de las tareas burocráticas a los miembros del Cuerpo General de Policía, forman parte de esta redistribución.En cuanto a los medios materiales, el señor Martín Villa estima que no se han cubierto las necesidades en instalaciones (comisarías, acuartelamientos, viviendas) y que se ha alcanzado una situación aceptable en dotaciones de vehículos y armamento. También se ha modernizado notablemente el sistema de transmisiones, considerado de capital importancia. Para completar estos objetivos, el ministro considera aceptable el presupuesto previsto para 1979, que asciende a 4.144 millones de pesetas (1.106 en 1975).

Dentro de la actuación en el marco legal cabe destacar la modificación de la ley de Orden Público, la nueva ley de Policía y la de Medidas Especiales en relación con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados.

Los resultados

En contra de la apreciación muy extendida de que el deterioro de la paz ciudadana no ha dejado de crecer desde que Martín Villa ocupa la cartera del Interior al mismo ritmo que decrecía la eficacia, policial, los datos estadísticos ofrecidos por el informe ayer presentado -no se habla de terrorismo en él- indican que el total de delitos comunes a lo largo de los nueve primeros meses del año sólo ha aumentado en un 1%, mientras el total de detenidos es un 40% superior al de 1977. El año de mayor incremento de la delincuencia común no fue 1977, contra lo que normalmente se cree, sino 1976, año en que Martín Villa compartió responsabilidades con Manuel Fraga. Ese incremento fue en 1976 del orden del 33%, y en 1977, del 23,4%.El análisis comparativo de delincuencia común con otros países arroja asimismo una situacion todavía muy favorable para España. Así, el número de delitos porcada 100.000 habitantes es de 593 frente a los más de 5.000 de Alemania Federal e Inglaterra o los 3.437 de Francia (datos de la Interpol).

En el desglose por ciudades, Madrid destaca muy por encima de la media nacional, con el 19% de los delitos cometidos, frente al 12% de Barcelona y al 69% del resto de España.