"La posible liberalización de alquileres afectará a un tercio de los madrileños"

Ante la preparación de una nueva ley de Arrendamientos Urbanos, en la que en estos momentos trabaja el Ministerio de Obras Públicas, se ha formado una coordinadora de inquilinos que pretende influir de alguna manera en el resultado final de ese proyecto.La coordinadora de inquilinos, promovida desde la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, ha hecho un informe en el que señala como principales problemas la escasez de viviendas de alquiler, un precio excesivamente elevado, gastos extraordinarios en la contratación de los alquileres, la falta total de protección de los inquilinos ante...

Ante la preparación de una nueva ley de Arrendamientos Urbanos, en la que en estos momentos trabaja el Ministerio de Obras Públicas, se ha formado una coordinadora de inquilinos que pretende influir de alguna manera en el resultado final de ese proyecto.La coordinadora de inquilinos, promovida desde la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, ha hecho un informe en el que señala como principales problemas la escasez de viviendas de alquiler, un precio excesivamente elevado, gastos extraordinarios en la contratación de los alquileres, la falta total de protección de los inquilinos ante la ruina provocada y malas condiciones higiénicas y de habitabilidad en las viviendas.

Ignacio Quintana, uno de los promotores de la creación de la coordinadora, aseguró a EL PAIS que, aunque no existen datos exactos, más de un 30% de las familias madrileñas viven en régimen de alquiler: «Uno de los primeros problemas con que se encuentra el inquilino -explica- es la escasez de viviendas. Frente a esta escasez, existe el dato de más de 90.000 viviendas vacías en Madrid. El problema es que la mayor parte de estos pisos ha sido construida por la iniciativa privada para la venta, mucho más rentable, en la mayoría de los casos, que el alquiler.»

La posición de la recién creada coordinadora ante este tema consiste en que el Estado debiera exigir en las grandes promociones que un tanto por ciento de las viviendas sean destinadas a ser alquiladas. «Debiera suplirse, además, la ausencia de la iniciativa privada mediante una serie de normas, presión administrativa y fiscal capaz. de acabar con el despilfarro social que supone tener un alto número de viviendas deshabitadas.»

Otro de los grandes problemas que se presenta ante los inquilinos son los gastos extraordinarios que tienen que amortizar debido a que la mayoría de los pisos de alquiler, están en manos de agencias que tienen prácticamente controlado urbanos. Estas agencias tienen por norma exigir a cambio de alquilar un piso cobrar tres veces el valor de una mensualidad por diversos conceptos. La coordinadora plantea la desaparición de las agencias y que el control pase a depender de la Administración.

Las declaraciones de ruinas constituyen otra amenaza para los inquilinos, debido a que la ley de Arrendamientos Urbanos encuentra en la declaración de ruina una de las causas de resolución del arrendamiento, sin que el inquilino sea indemnizado. Por ello, son muchos los casos en que los caseros se han limitado a eludir sus obligaciones de reparar los edificios a la espera de que éste estuviera ruinoso y vender después el solar a una inmobiliaria.

Descontrol del mantenimiento de las viviendas

Casi ligado al tema de las declaraciones de ruinas existe el problema de las malas condiciones higiénicas y de habitabílidad de las viviendas.Previamente al alquiler de una vivienda, el Ministerio tiene que extender un certificado o cédula de habitabilidad que asegure que la vivienda se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, se da el caso de que se alquilan chabolas y alojamientos que, de hecho, no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad.

Aunque el inquilino estuviera dispuesto a realizar obras de mejoras, la ley de Arrendamientos Urbanos actual prohibe que se realicen cualquier tipo de obras. Ante esto, el propietario se desentiende sistemáticamente de la conservación del edificio, con el consiguiente deterioro del parque de viviendas de la ciudad.

Todos estos problemas, unidos al descontrol de precios que los inquilinos tienen que pagar, constituyen la base utilizada por la coordinadora para exigir al Ministerio de Obras Públicas su participación en el proyecto de la nueva ley de Arrendamientos Urbanos.