Suspendido un juicio contra presuntos miembros de los GRAPO
Por coincidir con el día del aniversario de los fusilamientos de miembros de FRAP y ETA, ayer fue suspendida, en la Audiencia Nacional, la vista de la causa seguida a Fernando Silva, Joaquín Vieites, Ricardo Sanz e Isabel Santamaría, presuntos miembros de los GRAPO, y a los que se considera implicados en la muerte de un policía armado en Barcelona, ocurrida el 11 de febrero de 1977, en la estación de Metro de Pubilla Casas.A la hora de comenzar el juicio un numeroso público esperaba ante la puerta de la sala para presenciarlo.
Cuando los abogados defensores fueron llamados a ocupar los ...
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Por coincidir con el día del aniversario de los fusilamientos de miembros de FRAP y ETA, ayer fue suspendida, en la Audiencia Nacional, la vista de la causa seguida a Fernando Silva, Joaquín Vieites, Ricardo Sanz e Isabel Santamaría, presuntos miembros de los GRAPO, y a los que se considera implicados en la muerte de un policía armado en Barcelona, ocurrida el 11 de febrero de 1977, en la estación de Metro de Pubilla Casas.A la hora de comenzar el juicio un numeroso público esperaba ante la puerta de la sala para presenciarlo.
Cuando los abogados defensores fueron llamados a ocupar los estrados, aquéllos solicitaron la suspensión de la vista, invocando que coincidía con el aniversario de las ejecuciones, de miembros de FRAP y ETA, lo cual podía influir en el ánimo de sus clientes. El fiscal se opuso a la petición de los defensores, siendo ésta rechazada por el tribunal. Sin embargo, los letrados alegaron que se creían en la necesidad de renunciar a las defensas, por lo que el tribunal decidió, finalmente, el aplazamiento de la vista.
En esta causa se imputa a Vieites un delito de asesinato, dos delitos de lesiones y un delito de terrorismo, con una petición de 34 años de cárcel y 50.000 pesetas de multa, así como una indemnización de dos millones de pesetas a los herederos de la víctima.
Para Silva, al que se acusa de dos delitos de lesiones y uno de terrorismo, se piden ocho años y medio de prisión, además de multa e indemnizaciones, y para Sanz e Isabel, a los que se imputa un delito de terrorismo, seis años de prisión.