Comienzan los despidos en las empresas de vigilantes jurados

Un aplazamiento en las rescisiones de contrato entre las entidades bancarias y las empresas de vigilancia y seguridad fue solicitada por UGT, CCOO y USO, en el transcurso de una entrevista mantenida con un representante de la Asociación Empresarial de Banca (AEB) para tratar el problema del paro en el sector de los vigilantes jurados.

Según fuentes sindicales la empresa «Transportes Blindados» ha comenzado ya el envío de cartas de despido a sus empleados, tras la rescisión de los contratos de vigilancia que mantenía con el Banco Popular y la Banca López-Quesada. Estos serían los primero...

Un aplazamiento en las rescisiones de contrato entre las entidades bancarias y las empresas de vigilancia y seguridad fue solicitada por UGT, CCOO y USO, en el transcurso de una entrevista mantenida con un representante de la Asociación Empresarial de Banca (AEB) para tratar el problema del paro en el sector de los vigilantes jurados.

Según fuentes sindicales la empresa «Transportes Blindados» ha comenzado ya el envío de cartas de despido a sus empleados, tras la rescisión de los contratos de vigilancia que mantenía con el Banco Popular y la Banca López-Quesada. Estos serían los primeros despidos de los 4.000 que van a producirse el próximo mes de septiembre, de no llegarse a una rápida solución del problema, como consecuencia de la sustitución de los vigilantes jurados por sistemas de seguridad en las entidades bancarias.El representante de la AEB manifestó a los representantes sindicales, según fuentes de UGT, que los bancos no habían tenido nada que ver con las recientes medidas dictadas por el Ministerio del Interior sobre seguridad en las entidades bancarias. Medidas que han dado pie a las mencionadas rescisiones de contrato con las empresas de vigilancia y seguridad y que pueden suponer el despido masivo de empleados.

Los representantes de las federaciones de banca y vigilantes jurados de UGT, CCOO y USO, propusieron a la AEB un aplazamiento en las rescisiones de contratos hasta la celebración de una reunión conjunta de los Ministerios de Interior y Trabajo, con las patronales y sindicatos de banca y vigilancia y seguridad. Por su parte, el representante de los empresarios de banca manifestó que no podía ofrecerles soluciones porque carecía de representatividad.

En relación con este conflicto el Ministerio del interior publicó hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (véase EL PAIS del día 11) una orden en la que se disponía, entre otros aspectos, que los gobernadores civiles «deberán tener en cuenta antes de expedir nuevos títulos de vigilantes jurados de seguridad, a propuesta de las empresas o entidades interesadas, la inexistencia de alguno de estos profesionales en situación de paro».