Aprobado el proyecto de ley contra el terrorismo

El deseo del Gobierno y del partido gubernamental, Unión de Centro Democrático, de que la ley contra el terrorismo lleve el respaldo consensual de todas las fuerzas políticas parlamentarias se hizo ayer patente en el ámbito de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, durante la discusión del proyecto de ley sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos armados, que quedó dictaminado y que habrá de sustituir al decreto-ley antiterrorista promulgado recientemente por el Gobierno, y en vigor desde el pasado 1 del presente mes.En varias ocasiones el representante del Gob...

El deseo del Gobierno y del partido gubernamental, Unión de Centro Democrático, de que la ley contra el terrorismo lleve el respaldo consensual de todas las fuerzas políticas parlamentarias se hizo ayer patente en el ámbito de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, durante la discusión del proyecto de ley sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos armados, que quedó dictaminado y que habrá de sustituir al decreto-ley antiterrorista promulgado recientemente por el Gobierno, y en vigor desde el pasado 1 del presente mes.En varias ocasiones el representante del Gobierno en la Comisión de Justicia, Jesús Sancho Rof, subsecretarlo del Interior, y el representante de UCD, solicitaron la suspensión de la sesión para llegar a un acuerdo con los demás grupos parlamentrios, cuando éstos mantenian una enmienda e proponían alguna corrección al, texto del proyecto de ley. Este deseo consensual del partido gubernamental ya se hizo patente, no obstante, en el momento en que la ponencla elaboró su informe sobre el proyecto de ley, ya que en el mismo se han recogido muchas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

El texto del proyecto de ley, aprobado ayer en su totalidad por la Comisión de Justicia, representa una mejora respecto al texto del Gobierno y al de la ponencia, sobre todo en lo que se refiere a los controles parlamentario y judicial para la aplicación de dicha ley por la autoridad gubernativa. Sin embargo, en lo que se refiere al control judicial no hay que olvidar que el mismo queda en manos de los dos jueces centrales de la Audiencia Nacional, a la que se atribuye la competencia exclusiva en la instrucción, conocimiento y fallo de las causas abiertas por hechos relacionados con el terrorismo.

Sobre este tema, el diputado comunista señor Solé Barberá puso de manifiesto la gravedad que suponía atribuir sin mayor discusión en una ley procesal. como es la que se estaba discutiendo, la competencia judicial a la Audiencia Nacional.

El diputado comunista manifestó que debería ser el juez natural el que decidiera, al recibir el atestado de la autoridad gubernativa. la competencia en el sentido de continuar él instruyendo las diligencias o pasarlas a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Sin embargo. esta modificación propuesta por el diputado comunista no obtuvo éxito, ya que todos los grupos parlamentarios, incluido el comunista, fueron comprensivos respecto a los argumentos ofrecidos por el representante del Gobierno. En síntesis, el representante del Gobierno habría dicho que atríbuirlacompetencla a losjueces del País Vasco sería poner a éstos en una situación próxima al heroísmo. dada la presión de todo tipo que podrían sufrir.

Se refuerza el control judicial

En el artículo primero, que contempla los delitos comprendidos en la ley Antiterroista. se ha añadido que dicha ley, también se aplicará a las personas pertenecientes a grupos armados. En el artículo segundo, además de mantenerse el texto de la ponencia en lo que se refiere al control judicial constante de la detención Pubernativa de las personas supuestamente implicadas en los delitos de tipo terrorista la Comisión de Justicia reconoció ayer expresamente el derecho de defensa que asiste al detenido al preso por este tipo de delitos.Por otra parte. el control judicial se refuerza también en lo que se refiere al registro domiciliario ya la observación postal, telegráfica y telefónica de aquellas personas de las que se estime racionalmente puedan estar relacionadas o integradas en grupos armados. En lo que se refiere al registro domiciliario. La autoridad gubernativa deberá comunicar inmediatamente a la autoridad judicial el registro efectuado, las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos del mismo. Respecto a la observación postal, telegráfica y telefónica, la autoridad judicial podrá revocar parcial o totalmente, en cualquier momento, la autorización concedida al ministro del Interior para llevar a cabo la misma.

Un tema polémico, en el que, a pesar de todos los esfuerzos consensuales, seguían enfrentados UCD y los restantes grupos parlamentarios era el que se refería a la denegación de los beneficios de los indultos generales o particulares a los condenados por delitos de carácter terrorista. El partido gubernamental. sin embargo, aceptó ayer. «en aras del espíritu de colaboración que hoy nos une», en palabras del diputado Oscar Alzaga. las enmiendas de los restantes g rupos parlamentarios y se unió a ellos en la propuesta de suprimir el artículo del proyecto de ley que contenía dicha denegación. Otro tema en el que se puso de manifiesto el consenso fue en lo que se refiere al control parlamentario de la actividad del Gobierno en la aplicación de la ley Antiterrorista. La Comisión de Justicia elaboró ayer un texto que refuerza notablemente dicho control va que el Gobierno deberá informar al menos cada tres meses o antes si lo solicitan dos grupos parlamentarios del Congeso del Senado.