La OIT rechaza condenar al Gobierno israelí

Por primera vez después de muchos años, la asamblea plenaria de un organismo internacional de Naciones Unidas rechazó ayer en la LXIV Conferencia Internacional del Trabajo, un proyecto de resolución que condenaba al Gobierno de Israel por la situación de discriminación en que viven los trabajadores y la población árabe en los territorios ocupados por ese país.El proyecto, presentado por los Gobiernos de Libia y Siria, obtuvo 211 votos a favor, ninguno en contra y 139 abstenciones, a pesar de lo cual no pudo concretarse, dado que de acuerdo al complejo reglamento de la conferencia se necesitaba...

Por primera vez después de muchos años, la asamblea plenaria de un organismo internacional de Naciones Unidas rechazó ayer en la LXIV Conferencia Internacional del Trabajo, un proyecto de resolución que condenaba al Gobierno de Israel por la situación de discriminación en que viven los trabajadores y la población árabe en los territorios ocupados por ese país.El proyecto, presentado por los Gobiernos de Libia y Siria, obtuvo 211 votos a favor, ninguno en contra y 139 abstenciones, a pesar de lo cual no pudo concretarse, dado que de acuerdo al complejo reglamento de la conferencia se necesitaba un quórum de 236 votos.

El gran número de abstenciones se debió a los delegados gubernamentales de empleadores y trabajadores de los países africanos, especialmente.

Este resultado, que no sorprendió mayormente, se debió -según los observadores- a la presión que ejercieron el Gobierno y los sindicatos norteamericanos, que, por vía diplomática, dieron a entender que un rechazo a la proyectada condena al Gobierno de Israel los haría pensar en una vuelta a la Organización Internacional del Trabajo, de la cual se retiraron el año pasado en protesta por lo que calificaron de «excesiva politización de la OIT».

Por su parte, el Gobierno español mantuvo ayer sus posiciones anteriores al votar favorablemente, una vez, más, una resolución condenatoria en contra del Gobierno de Israel.

El voto español fue depositado por el embajador permanente ante la OIT, Manuel Jiménez de Parga, y por Antonio Cano Santallana, subdirector de Asuntos Sociales e Internacionales del Ministerio de Trabajo, quien 48 horas antes, en la sesión en que se votó la impugnación de las credenciales de la delegación laboral enviada por la Junta Militar de Chile, en los instantes de emitirse los sufragios, abandonó la sala, a pesar de que el embajador Jiménez de Parga votó favorablemente dicha impugnación, en lo que constituye un cambio en la línea del Gobierno español, que se venía absteniendo en las condenas al régimen militar de Chile.