Debate constitucional

Tenso debate sobre el orden público

La máxima tensión política originada a lo largo de los debates parlamentarios sobre la Constitución iniciados el pasado 5 de mayo se produjo ayer, en el marco del debate sobre la atribución de competencias exclusivas al Estado, cuando resultaron enfrentadas las posiciones de la mayoría de los grupos con la más radical de la izquierda abertzale, en cuya representación Francisco Letamendía declaró que el único medio para lograr un «alto el fuego» por parte de ETA en el País Vasco sería la total sustitución de los actuales cuerpos de orden público por policía autóctona. El texto aprobado fue el r...

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La máxima tensión política originada a lo largo de los debates parlamentarios sobre la Constitución iniciados el pasado 5 de mayo se produjo ayer, en el marco del debate sobre la atribución de competencias exclusivas al Estado, cuando resultaron enfrentadas las posiciones de la mayoría de los grupos con la más radical de la izquierda abertzale, en cuya representación Francisco Letamendía declaró que el único medio para lograr un «alto el fuego» por parte de ETA en el País Vasco sería la total sustitución de los actuales cuerpos de orden público por policía autóctona. El texto aprobado fue el resultado de una enmienda de UCD, fruto de un pacto en el que no participaron ni AP ni el PNV.Al estudiarse el número veinticinco del artículo 141, que en el texto del anteproyecto de Constitución adjudicaba al Estado la competencia exclusiva sobre la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación por las comunidades autónomas de policías coadyuvantes al mantenimiento del orden público, las posiciones de los grupos parlamentarios con una concepción estatal del mismo se enfrentaron en un primer momento con las enmiendas del PNV, que solicitaban competencia específica en esta materia para las comunidades autónomas. A través de una enmienda in voce, el PNV admitió en última instancia la coordinación y colaboración con las fuerzas de orden público del Estado cuando los conflictos superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma.

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La máxima aproximación de UCD a esta posición consistió en otra enmienda in voce que aceptaba la creación de policías locales en la forma que establezcan los respectivos estatutos y en el marco «de lo que disponga una ley orgánica». La alusión a esta ley orgánica significaba el máximo escollo para el PNV, que consideraba excesivamente recelosa esta propuesta. La enmienda de UCD mereció la aprobación final.

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Tensión política en el debate sobre la atribución al Estado del orden público

(Viene de primera página) Por U C D, José Pedro Pérez Llorca rechazó las alusiones a un posible alto el fuego o a una pretendida justificación de la violencia en un Estado democrático como el actual, en el que había sido posible la libertad de expresión con que se había manifestado el señor Letamendía.Resumimos a continuación el extenso e importante debate producido durante las sesiones de mañana y tarde sobre este tema.

Laureano López Rodó (AP). Propongo que se diga solamente «orden público» y no «seguridad pública», ya que aquél no es indivisible, sino que afecta a la totalidad del pueblo español. La creación de policías autónomas sería regresivo, medieval. El orden público ha de estar en unas únicas manos que lo salvaguarde en todo el territorio nacional.

Gregorio Peces-Barba (PSOE). Estoy muy en desacuerdo con la enmienda de Alianza Popular. El orden público no es indivisible. Aunque le corresponda una dirección única, ello no quiere decir que sea absolutamente indivisible. En Inglaterra existen policías locales, junto a Scotland Yard. En todo caso, tales policías no tienen nada que ver con la Edad Media, a la que está más próxima la ideología del señor López Rodó.

Laureano López Rodó. Si se emplean argumentos de derecho comparado, debo decir que Austria, que es un Estado federal, tiene una sola policía.

Jordi Solé (comunista). Tengo que rechazar la imagen de la vuelta a las ciudades amuralladas de la Edad Media. Si establecemos autonomías, es preciso la descentralización de los niveles administrativos, entre ellos las competencias en lo que se refiere a la seguridad pública.

Heribert Barrera (Esquerra Republicana de Cataluña). La seguridad pública debería ser competencia total o parcial de las comunidades autónomas, si así lo determinan los estatutos. Además del ejemplo de Gran Bretaña, existe el de Estados Unidos, donde conviven más de 40.000 policías separadas con las de carácter federal como el FBI, y no puede afirmarse que ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña esté peor protegida la seguridad pública que en España.

Hay además una razón de eficacia, porque el poder decisorio debe estar lo más próximo posible del lugar donde se produce el problema. La Constitución de 1931 reservaba al Estado sólo la policía de fronteras y funcionó bien. Por otra parte, tiene una significación psicológica que el Estado quiera reservarse todo lo que significa posesión de armas.

En todo caso, creo que no es prudente ni oportuno cerrar las puertas a un devolución total de la autonomía que los catalanes teníamos. Ninguna fórmula de consenso podrá impedir que se agite la reivindicación popular y que se afirme que no se ha acabado definitivamente el régimen franquista ni se ha restablecido la paz.

Gregorio Peces-Barba. Con los argumentos utilizados no se puede llegar a la conclusión a que ha llegado el señor Barrera. Nosotros defendemos la colaboración de las policías locales con las estatales, pero si se excluye la posibilidad de una policía estatal, las normas del Estado carecerán de coercibilidad.

José Pedro Pérez Llorca. En cuanto pueden tener y tienen de legítimas las pretensiones aducidas por el señor Barrera, la Constitución da un paso adelante y deja abierta la posibilidad a soluciones dentro del proceso histórico en marcha. El principio de establecer la competencia estatal en esta materia no las obstaculiza.

Antón Canyellas (demócrata cristiano). Es necesario no poner obstáculos a la plena atribución del orden público a las comunidades autónomas. A pesar de la buena voluntad de Cataluña, no puede aceptar que su autogobierno sea inferior al logrado en 1931. Cataluña no puede encontrar menos comprensión en la Monarquía -cuyo primer Rey nos ha hablado en catalán- que en la República.

Eduardo Martín Toval (Socialistas de Cataluña). Frente a intervenciones que pretenden arrogarse un protagonismo o adoptar posiciones testimoniales, tengo que decir que la realidad del título sobre las autonomías hay que contemplarla en su conjunto. Tales actitudes en nada ayudan al concepto de Estado que estamos configurando en esta Constitución.

Marcos Vizcaya (PNV). Sin protagonismo ni posturas testimoniales, nosotros no pensamos en disquisiciones teóricas ni doctrinales. Tenemos en cuenta la realidad cruda y descarnada del pueblo vasco. La solución que se adopte beneficiará a Euskadi y yo diría que también a todo el Estado. Pero es preciso partir de un principio básico: los problemas del pueblo vasco sólo los puede defender y solucionar el pueblo vasco. El orden público, el ejercicio del mismo y sus instrumentos entran de lleno en las facultades de una comunidad autónoma. Si queremos solucionar el problema es preciso que queden en poder de ella, y aquí no deben caber los recelos ni las desconfianzas. El pueblo vasco sabe respetar sus compromisos libremente aceptados.

La eficacia es otra razón. El centralismo ha enconado los problemas. Es esencial que el poder se encuentre lo más cerca posible del pueblo vasco. Nosotros aceptamos la cooperación y la coordinación con el Estado en materia de orden público, pero sobre la base de que la comunidad vasca ostente la titularidad de esa competencia en su territorio.

Laureano López Rodó. Yo rebato esta tesis del señor Vizcaya, apoyándome en lo dicho por el señor Barrera, quien ha aludido al Estado español como comunidad de naciones soberanas. Alianza Popular se opone a que el orden público se entregue a las comunidades autónomas porque no hay más soberanía que la del Estado español y esa soberanía es indeclinable e indivisible. Rechazar la unificación de la Guardia Civil sería volver al siglo XV. Marcos Vizcaya. Nuestro grupo renuncia a las enmiendas presentadas y mantiene ahora una, según la cual se atribuiría al Estado la «coordinación y colaboración en materia de seguridad pública en aquellos conflictos de carácter general que superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma».

Gregorio Peces-Barba. Como Partido Socialista de Euskadi valoramos positivamente el esfuerzo por solucionar los problemas de orden público, que no será fácil sin el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Estamos muy próximos a la enmienda del PNV y pedimos llegar a una solución sobre la base de que hay que preocuparse de los problemas de todo el Estado para solucionar los problemas de una parte del Estado.

José Luis Meilán (UCD). Nuestra enmienda pretende no combatir, sino pacificar, respetando los sentimientos y las heridas que cual quiera pueda tener. La defensa del orden público no es patrimonio de ningún grupo, sino que todos debemos de colaborar. Se trata de una fórmula de equilibrio. Muchas veces la ruptura de la paz proviene de la reacción o de la dinámica disolvente de posiciones que se sitúan en el otro extremo.

Marcos Vizcaya. La enmienda in voce de UCD sería aceptable si no se refiriera al marco de la ley orgánica. Por lo demás, la aceptaríamos de pleno. La paz es algo más que la paz ciudadana. Es la paz de los espíritus que ha de ser plena sin que empuje a nadie a alterar la paz ciudadana por no tener tranquilidad de espíritu.Letamendia:"Es preciso el acuerdo con la izquierda "abertzale""

Letamendia: "Es preciso el acuerdo con la izquierda abertzale

Francisco Letamendía (EuskadikoEzkerra). El debate sobre el orden público se ha mantenido hasta ahora en el terreno de la entelequia. No se ha hablado de la madre del cordero: la situación de las fuerzas de orden público y la represión o conciencia represiva que se vive en el País Vasco. No basta con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios; hace falta el acuerdo con la izquierda abertzale, dividida sobre la conveniencia de utilizar ciertos métodos. Yo soy partidario de medios pacíficos. Si los diputados de la Comisión Constitucional hubieran tenido sensibilidad, tales medios se hubieran incluido en la Constitución.

Desde la guerra civil hasta la muerte de Franco, en Euskadi no ha habido otra cosa que fuerzas de ocupación. La represión llegaba incluso a borrar las inscripciones en vasco de los cementerios. Las torturas han sido frecuentes y más de la mitad de los presos políticos eran vascos y no sólo de ETA. Quienes hemos vivido en Euskadi hemos asistido a una atmósfera tensa, de controles, de irritación, propios de un pueblo ocupado.

¿Ha desaparecido esta situación con la muerte del dictador? Quiero dividir esta segunda etapa en tres períodos: desde la muerte de Franco hasta el nombramiento de Adolfo Suárez; desde el nombramiento de Adolfo Suárez hasta el 15 de junio, y desde entonces hasta hoy.

Emilio Attard (presidente de la Comisión). Señor Letamendía, le llamo a la cuestión, porque se trata de defender su enmienda, sin salirse del tema.

Francisco Letamendía. Creo que así lo estaba haciendo, pero resumiré. En los primeros períodos se produjeron hechos como Vitoria, Montejurra y otros. A partir del 15 de junio menguaron las actuaciones represivas, pero entonces empezaron a intervenir los incontrolados, en gran parte agentes de las fuerzas del orden vestidos de paisano como se ha comprobado en varias ocasiones.

Yo no soy portavoz de ETA y lamento todo tipo de muertes, pero explico las actuaciones de ETA contra las fuerzas del orden en una espiral de la violencia. En su mayor parte, los miembros de esas fuerzas del orden son muy jóvenes y nada tienen que ver con la represión franquista. Ellos sufren también las consecuencias de la fijación en la retina del pueblo vasco de una situación represiva.

Las soluciones a este problema real han sido enteramente falsas. Las medidas anteterrorismo no serán ya anticonstitucionales, en virtud del artículo 50 de la Constitución, consensuado. Las policías autóctonas no pueden actuar como elementos subordinados. ETA ha expresado sus puntos para un alto el fuego, entre ellos la sustitución de los cuerpos de policía actuales por policía autóctona. El propio gobernador civil de Navarra ha afirmado que los miembros de la policía provienen del franquismo y no siempre obedecen sus órdenes.

José Pedro Pérez Llorca. No es propósito de mi grupo hacer un juicio de intenciones sobre intervenciones como la que acabamos de escuchar, el resultado de las cuales no es tendente a la concordia y a la pacificación. No sabemos si existe algún elemento de provocación. En todo caso no caeremos en ella. Lo que se llaman las fuerzas represivas es una denominación apta en un Estado autoritario o dictatorial, pero no en un Estado democrático. Por otra parte, airear los agravios recíprocos no contribuye a las soluciones, sino que puede ser una manera de sabotearlas. Yo no entiendo que aquí se hable de que se es o no portavoz de la violencia. Desde que existe la democracia la violencia es injustificable. Las paredes de este caserón no han escuchado quizá nunca la libertad de expresión utilizada por el orador que me ha precedido, Porque existe esa libertad de expresión, cubierta además por la inviolabilidad parlamentaria, no debe hablarse de altos el fuego, contrarios a la realidad democrática del Estado. No es momento de mítines electorales. Queremos avanzar por la vía positiva, para solucionar de verdad el problema del País Vasco.

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