Vallecas: realojamiento o expulsión/1

Miembros del equipo "Lur"Con la aprobación en los años 1974 y 1976 de los Planes de Edificación Abierta del Puente de Vallecas, Polígono de San Diego y Palomeras Sureste se pone en marcha un proceso de expulsión de las 12.000 familias residentes en las 590 hectáreas de los tres planes. Así, la Administración facilita el aparato jurídico y legal suficiente para remodelarlo según los intereses de los grandes propietarios de las inmobiliarias, haciendo tabla rasa de los mínimos derechos de las urbanizadores y residentes en la zona.

Vallecas ha sido un escalón intermedio en la em...

Miembros del equipo "Lur"Con la aprobación en los años 1974 y 1976 de los Planes de Edificación Abierta del Puente de Vallecas, Polígono de San Diego y Palomeras Sureste se pone en marcha un proceso de expulsión de las 12.000 familias residentes en las 590 hectáreas de los tres planes. Así, la Administración facilita el aparato jurídico y legal suficiente para remodelarlo según los intereses de los grandes propietarios de las inmobiliarias, haciendo tabla rasa de los mínimos derechos de las urbanizadores y residentes en la zona.

Vallecas ha sido un escalón intermedio en la emigración del campo a la ciudad para aquellos que, al contar con recursos, han marchado a otros barrios (Móstoles, Alcorcón); también es el lugar de recepción de familias procedentes de otros barrios, como consecuencia de las expulsiones originadas por la remodelación de la ciudad. Se han quedado los que menos tienen: los inquilinos de bajos alquileres representan la mitad de la población; la otra mitad son propietarios de menos de ochenta metros cuadrados. El índice de pensionistas o jubilados es muy alto, así como el número de parados, especialmente en las épocas de crisis, al afectar a los niveles menos cualificados. Junto a la población residente, el pequeño comercio o el taller se ven amenazados por los planes, sin posibilidad de implantación en otro punto.

Contra estos planes se movilizan estos núcleos de trabajadores, exigiendo el realojamiento en el barrio en condiciones de vivienda por vivienda para propietarios, y de viviendas en alquiler al 10% del salario para inquilinos, parando, en julio de 1976, las licencias de construcción.

En la situación democrática, los poderes públicos cambiaron de estrategia: no se trata ya de expulsar a las 12.000 familias, sino a las que no tengan medios de comprarse una vivienda social en el barrio. Los objetivos son: poner en circulación un área urbana extensa bien situada, para el asentamiento de clases sociales con mayor nivel de compra; integrar a los estratos más solventes de los trabajadores; remodelar el área según el modelo e intereses capitalistas y disgregar un distrito obrero.

Resultará así que la apropiación capitalista del espacio urbano hace que el problema de la vivienda vuelva a empezar: unos pocos se quedarán a costa de una fuerte pérdida de su inversión inicial en vivienda; los que nada tienen para negociar se verán sometidos a la expulsión, sin viviendas a cambio.

Cuando en 1975 se discute la nueva ley del Suelo, uno de los problemas urbanísticos más acuciantes es la renovación de las barriadas obreras consolidadas en la periferia de las grandes áreas metropolitanas, ocurrida en la década de los sesenta. Hay que añadir el abandono y deterioro progresivo de los cascos antiguos, ocupados por capas populares.

La nueva ley no toca ninguno de los dos problemas que afectan a gran parte de la población de las grandes ciudades. Pero el olvido no es fortuito, pues la ley responde a las necesidades de las grandes inmobiliarias, para las que articula nuevas vías institucionales que abren paso a la producción en gran escala.

La conflictividad del movimiento de barrios, en el que la reivindicación de vivienda digna constituye un eje central, exigirá a los poderes públicos adoptar nuevas estrategias. Ya no es posible la erradicación masiva de una población con unas indemnizaciones ridículas. En el período preelectoral, ante la crisis que golpea en el sector de la construcción, se abren nuevas vías para permitir la actuación del capital privado en los procesos de remodelación de áreas suburbanizadas, bien situadas y con terrenos abundantes y baratos, pero congelados por la presión de los vecinos. La Administración intentará dotarse de una base mínima de negociación frente a los conflictos: en el verano de 1976 aparece el Plan de Viviendas Sociales.

Hay una tendencia, pues, a la privatización del capital público en el sector vivienda, con el Estado como gestor de la iniciativa privada. La promoción pública se reducirá a una muestra insignificante que no suponga competencia con las empresas privadas.

Con el pacto de la Moncloa se asentará dicha tendencia, pues, en lo que afecta a la vivienda de los trabajadores no pasa de ser una declaración de intenciones de intervención estatal, sin plazos de tiempo, presupuesto... Lo que se concretará inmediatamente son los compromisos Ministerio-Banca-Promotores en los Planes Especiales de Andalucía, Canarias y Extremadura, adjudicándose a dedo las obras con fuertes ventajas para las empresas: terrenos, fondos públicos y garantías de todo tipo del Estado.

Así, hoy se han endurecido las posibilidades de acceso a una vivienda:

- El Ministerio sigue financiando viviendas de lujo o semilujo (grupo I o renta libre, hasta 125 m.2).

- El Plan de Viviendas Sociales sigue sin interesar a los promotores, y las condiciones financieras de las pocas viviendas en construcción (260.000 de entrada y más de 12.000 al mes durante veinte años) están dirigidas a clases medias u obreros especializados (de salarios mayores a 50.000 pesetas).

- La promoción estatal directa es irrisoria. (En un reciente presupuesto se aprobó la construcción de 36.000 viviendas en tres años, cuando el déficit es de un millón.

- Los, presupuestos del INV y del INUR se han reducido respecto a años anteriores.

En Vallecas, la Administración intenta conseguir suelo para construir, viviendas sociales por VISOMSA. unas 12.000, y desbloquear el suelo libre de los grandes propietarios, hoy sin licencias de construcción, para permitirles edificar viviendas de lujo o semilujo, unas 28.000, en los solares que han retenido sin edificar durante años.

La base de negociación planteada por la Administración a los vecinos será el pago de una vivienda social, descontando la indemnización por suelo ocupado. Esto supone para pequeños propietarios cubrir la entrada y endeudarse por otros veinte años. Para inquilinos, jubilados, parados, las condiciones son inalcanzables. Los medios de la Administración son:

- Acuerdo inicial de expropiación del 8-7-77, que presumiblemente, y según declaraciones de altos cargos, se aplicará sólo a los polígonos que comprenden terrenos de pequeños propietarios.

- Promotora: VISOMSA, constituida con fondos del INV, Ayuntamiento y cajas de ahorro, y cuya finalidad es edificar viviendas sociales. A VISOMSA se han cedido los terrenos públicos de Fontarrón y Palomeras Sureste, con capacidad para 1.500 y 2.500 viviendas, y que suponen más del 40% del capital de VISOMSA.

- Gestora: OREVASA, casi sin capital social (doce millones para este año), formada por la Administración, con participación de la mayoría de las asociaciones de vecinos de la zona (no todas), sin capacidad promotora ni poder ejecutivo, pues no vincula a los organismos públicos presentes en ella (Coplaco, INUR, INV, Gerencia) y,donde no están ni VISOMSA ni los grandes propietarios. OREVASA va a ser la encargada de adjudicar parte de las viviendas de VISOMSA, negociar los terrenos de pequeños propietarios, etcétera.

- Ayudas del INV en casos particulares (recompraría viviendas a VISOMSA y las revendería con subvención en casos de negociación problemática).