Investigan la concesión de viviendas sociales
Una comisión investigadora se ocupará de revisar la concesión de novecientas viviendas sociales en Alcalá de Henares.Este malestar, plasmado en numerosas reclamaciones y preparación de recursos viene a culminar un proceso seguido por algunas asociaciones de vecinos en el que, al parecer, no han podido intervenir los partidos políticos ante la negativa de los mismos grupos vecinales.
La protesta más generalizada se centra en que la Delegación Provincial de la Vivienda ha concedido las viviendas arbitrariamente y sin un criterio claro de selección e importancia. A esto se sumarían las crí...
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Una comisión investigadora se ocupará de revisar la concesión de novecientas viviendas sociales en Alcalá de Henares.Este malestar, plasmado en numerosas reclamaciones y preparación de recursos viene a culminar un proceso seguido por algunas asociaciones de vecinos en el que, al parecer, no han podido intervenir los partidos políticos ante la negativa de los mismos grupos vecinales.
La protesta más generalizada se centra en que la Delegación Provincial de la Vivienda ha concedido las viviendas arbitrariamente y sin un criterio claro de selección e importancia. A esto se sumarían las críticas de los solicitantes que no acudieron a las asociaciones de vecinos y que por ello no consiguieron estar en la lista de beneficiarios.
Ante esta situación, el Gobierno Civil hizo pública ayer una nota en la que, para hacer frente «a las anomalías denunciadas y una vez consultados la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se crea la citada comisión con independencia de otras acciones legales que procedan».
La comisión estará formada por el vicesecretario del Gobierno Civil, el alcalde del Ayuntamiento de la localidad madrileña, un representante de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo y un comisario de la Jefatura Superior de Policía.
La comisión estará asistida por un abogado del Estado y podrá utilizar todos los servicios provinciales de la Administración. Como consecuencia de los estudios que realice deberá hacer público un informe en el plazo de diez días.
Por último, el Gobierno Civil indica en su comunicado que «cualquier ciudadano que se considere perjudicado por la adjudicación, que tiene carácter provisional, debe ejercitar su derecho de recurso».