Se contará con la empresa privada para resolver la crisis siderúrgica
La elevación del salario mínimo, el nuevo precio de la leche, la reestructuración del sector siderúrgico y la emisión de cédulas hipotecarias fueron, según parece, los temas abordados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, reunida ayer bajo la presidencia de Fernando Abril Martorell.
De acuerdo con las informaciones recogidas por este diario y las diferentes agencias de prensa, el Gobierno parece que optará por un aumento del salario mínimo interprofesional del 22% sobre las quinientas pesetas establecidas en octubre, si bien existen tesis que indican que el incr...
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La elevación del salario mínimo, el nuevo precio de la leche, la reestructuración del sector siderúrgico y la emisión de cédulas hipotecarias fueron, según parece, los temas abordados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, reunida ayer bajo la presidencia de Fernando Abril Martorell.
De acuerdo con las informaciones recogidas por este diario y las diferentes agencias de prensa, el Gobierno parece que optará por un aumento del salario mínimo interprofesional del 22% sobre las quinientas pesetas establecidas en octubre, si bien existen tesis que indican que el incremento del 22% debería realizarse sobre la media salarial del último año, con lo que el aumento real sería bastante inferior que si se adoptase la primera fórmula, ya que el salario mínimo se vio modificado tres veces durante 1977.Por lo que respecta al nuevo precio de la leche, único producto sobre el que no existió acuerdo en las negociaciones sobre precios agrarios mantenidas recientemente entre el Gobierno y los agricultores, todo parece indicar que éste quedará fijado en 16,75 pesetas el litro, aumento que supondrá un incremento de dos o tres pesetas en su precio de venta al público.
Otro de los puntos estudiados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos fue la emisión de cédulas hipotecarias por un valor de 16.500 millones de pesetas durante el presente año y primeros meses de 1979, destinados a la financiación de viviendas.
Los 16.500 millones de pesetas se dividirán en 9.000 millones, destinados al programa especial de viviendas que ya está en marcha, y otros 7.500 millones para una segunda fase dedicada a la promoción de viviendas sociales.
Estas cédulas se emitirán a quince años y a un interés del 12 % bruto, y está previsto que aquellas personas que compren estas cédulas hipotecarias puedan beneficiarse de algunos privilegios fiscales sobre renta y patrimonios. Con posterioridad, está en proyecto fomentar la creación de un mercado secundario de hipotecas en el que se pueda comerciar libremente con las cédulas, primero entre particulares, y más tarde con la participación de las cajas de ahorros que podrán emitir obligaciones hipotecarias.
Esquema de actuación sobre el sector siderúrgico
La Comisión Delegada estudió, por último, un esquema básico de actuación del sector siderúrgico y que a la vista de las informaciones facilitadas a EL PAIS no contempla medidas concretas y específicas, las cuales serán estudiadas y llevadas a la práctica en las próximas semanas.Las líneas generales de actuación contemplan varios aspectos, aunque ninguno de ellos se refiere a la posible nacionalización o incautación de empresas del sector siderúrgico integral.
Una de las medidas analizadas fue el incremento de precios de productos siderúrgicos cuyos límites no parece que hayan sido fijados, si bien podrían oscilar entre un 15-20%, alza que es considerada como coherente por los responsables económicos a la vista de los aumentos experimentados en la Comunidad Económica.
Por otro lado, el esquema comporta un plan de actuación a cuatro años cuyos objetivos serían la reactualización de las previsiones productivas, la remodelación de los procesos productivos y la reducción de capacidades.
Por último, la filosofía de actuación gubernamental intenta implicar en la resolución de los problemas del sector siderúrgico a todas las partes afectadas. En este sentido se proyecta recurrir al apoyo del capital privado que están en las empresas en crisis y solicitar a los acreedores una refinanciación de la deuda y en el caso de que estos requisitos sean cumplidos la participación financiera del Estado en la medida en que sea necesario.