Archivada una querella contra el director de la Caja de Ahorros de Pontevedra

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha archivado una querella contra Gaspar Gil y Ramón Encinas, ex director y actual director, respectivamente, de la Caja de Ahorros de Pontevedra, por supuesto delito de estafa. La Audiencia ha estimado que no existieron indicios delictivos en la actuación de la Caja, que determinó la acción judicial emprendida a finales de septiembre del pasado año (véase EL PAÍS de 1-X-1977) por el industrial Juan José Lago.La querella del señor Lago había sido interpuesta primeramente contra la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra y fue rechazada por no ser nominal. ...

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha archivado una querella contra Gaspar Gil y Ramón Encinas, ex director y actual director, respectivamente, de la Caja de Ahorros de Pontevedra, por supuesto delito de estafa. La Audiencia ha estimado que no existieron indicios delictivos en la actuación de la Caja, que determinó la acción judicial emprendida a finales de septiembre del pasado año (véase EL PAÍS de 1-X-1977) por el industrial Juan José Lago.La querella del señor Lago había sido interpuesta primeramente contra la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra y fue rechazada por no ser nominal. Poco después fue presentada contra el actual director y el anterior responsable de la institución. En su querella, el señor Lago relataba que la Caja pontevedresa le había obligado a hacer una venta simulada de cuatro casas para garantizar una deuda que él tenía con la entidad. Posteriormente, la Caja inscribió las cuatro casas a nombre de la institución. El señor Lago estimó, al interponer la querella, que el valor de sus propiedades ascendía a 86 millones de pesetas, por lo que consideraba que se produjo una estafa de setenta millones, al ser el importe de su deuda a la Caja de Ahorros de dieciséis millones de pesetas.

Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado que «aunque no ofrece duda que la venta de los inmuebles a la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra no tuvo otra finalidad que la de garantizar las resultas de la cuenta de crédito que, en enero de 1967, fue abierta a favor de Juan José Lago, hasta el límite máximo de 12.500.000 pesetas, tal operación entraña un negocio fiduciario, que la jurisprudencia admite como lícito».