Primer juicio en Madrid contra los ocupantes de una vivienda
El juicio contra Marcelino Castillo, padre de una familia que ocupó ilegalmente una vivienda en mayo del pasado año, y contra José Carlos Alía, presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, barrio en el que se efectuó la ocupación, se celebró ayer en el Juzgado de Instrucción número, 16, con la presencia de más de trescientas personas, entre las que se encontraban numerosos representantes de partidos políticos, centrales sindicales y movimiento vecinal madrileño.
El delito de allanamiento de morada por supuesta ocupación ilegal que ayer se juzgó se realizó, junto con otros quin...
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El juicio contra Marcelino Castillo, padre de una familia que ocupó ilegalmente una vivienda en mayo del pasado año, y contra José Carlos Alía, presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, barrio en el que se efectuó la ocupación, se celebró ayer en el Juzgado de Instrucción número, 16, con la presencia de más de trescientas personas, entre las que se encontraban numerosos representantes de partidos políticos, centrales sindicales y movimiento vecinal madrileño.
El delito de allanamiento de morada por supuesta ocupación ilegal que ayer se juzgó se realizó, junto con otros quince casos más, en mayo de 1977. La denuncia de este caso habla sido realizada por una sobrina de la adjudicataria, María del Rosario Cantero, quien falleció, a los 83 años, en un centro de beneficiencia en marzo de 1977 tras llevar varios meses internada.Tras señalar el secretario que la condena pedida para los acusados de allanamiento de morada era dos meses de arresto mayor y una multa de 15.000 pesetas, el primero en declarar fue Marcelino Castillo. Este, ante las preguntas del fiscal, explicó que él no había forzado la puerta en ningún momento y que el día de la ocupación llegó cuando la puerta ya estaba abierta, limitándose a poner un nuevo cerrojo. «Al llegar al piso, estaba abierto, los muebles que habla en la casa los recogimos -añadió- y los metimos todos en una habitación que después no ha sido utilizada.»
La defensa pidió posteriormente al señor Castillo que expusiera las condiciones de vida de la familia. «Nosotros, mi mujer y mis seis hijos, vivíamos en una casa situada en la calle Yerros, en el poblado de El Ventorrillo, a cien metros del Canal de Isabel Il. La casa sólo tiene dos habitaciones y en ella vivíamos ocho personas. Las humedades, falta de ventilación y luz la habían convertido en un río sin ventilación.» Al ser preguntado por su situación económica, respondió que llevaba dos años sin trabajo y que estaba acogido al seguro de desempleo. «Mi último trabajo fue con Huarte y Cía pero al terminarse las obras, me volví a quedar de más.» Las siguientes preguntas hechas por la defensa estaban todas encaminadas a mostrar que el señor Castillo había evitado un mal mayor a toda la familia al decidirse por la ocupación y que los responsables de ésta eran, por igual, todos los miembros de la asociación.
José Carlos Alía, segundo de los acusados, manifestó que su complicidad no era mayor que la de los demás vecinos del barrio y que consideraba un hecho totalmente justo el que una familia necesitada, como la que se estaba juzgando, hubiera utilizado una vivienda del Ministerio que estaba sin utilizar.
La denunciante, María del Carmen Pérez Cantero, insistió en que había habido allanamiento de morada, porque su tía había sido trasladada al centro hospitalario hacía pocos meses y que cuando se enteró de los ocurrido, tras denunciar el hecho en la comisaría de Tetuán, acompañada de dos policías entró en la casa y comprobó que los muebles estaban amontonados y, parte de ellos, destrozados. Según declaró después a preguntas de Francisca Sauquillo, en la casa no había luz y todo estaba a oscuras, por lo que no pudo comprobar el supuesto deterioro de los muebles.
Otros testigos aportados por la defensa -el fiscal no presentó ninguno- fueron dos vecinas del barrio y una monja del centro de beneficiencia en el que estuvo internada la adjudicataria de la vivienda, quien aseguró que María del Rosario Cantero, cuando fue internada, era incapaz de vivir sola, y aportó el dato de que la sobrina había prometido al centro que cedería el piso para una familia necesitada.
Previamente a las conclusiones, los defensores, Francisca Sauquillo e Ignacio Luzárraga, manifestaron su protesta por la negativa del juez a aceptar como testigos de la defensa al director general y al delegado provincial de la Vivienda.
Como pruebas a favor de los juzgados, presentaron un escrito en el que se recogían 182 firmas de vecinos que se declaraban responsables de la ocupación, una orden de la Delegación Provincial de la Vivienda a la sobrina de la adjudicataria en la que se decía a ésta que antes del día 21 de este mes tenía que sacar los muebles de la vivienda, un certificado médico con el historial de las enfermedades de tipo respiratorio que a causa de la humedad había sufrido la familia, las peticiones hechas al Ministerio solicitando una vivienda social y pruebas documentales sobre la situación de la anterior vivienda.
En el capítulo de conclusiones, el fiscal se lamentó de la situación general de la vivienda y de las malas condiciones que tenían que soportar muchas familias, pero insistió en que se había cometido delito de violar el derecho de propiedad de la adjudicataria y que había habido violencia. « Es violencia romper una puerta, y no es verdad -concluyó- que fuera una acción masiva. »
La defensa respondió al fiscal que no había entrado en el temario y volvió a insistir en que no había habido allanamiento de morada porque al no vivir nadie «no se perturbaba la santidad del hogar" y finalizó diciendo que la ocupación se había producido por la imprudente actuación del Ministerio de la Vivienda».