"Hay que sancionar a los que mantienen sus viviendas desocupadas"
El próximo día 9, a las diez de la mañana, se celebra en Madrid el primer juicio civil contra una familia que ocupó ilegalmente una vivienda. Como responsables de un supuesto delito de allanamiento de morada, tendrán que comparecer el padre de la familia ocupante, Marcelino Castillo, padre de seis hijos, y el presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, barrio en el que se efectuó la ocupación. Francisca Sauquillo, abogada especialista en temas de carácter ciudadano, será la encargada de la defensa.
EL PAIS: Tanto entidades ciudadanas, como partidos políticos y centrale...
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El próximo día 9, a las diez de la mañana, se celebra en Madrid el primer juicio civil contra una familia que ocupó ilegalmente una vivienda. Como responsables de un supuesto delito de allanamiento de morada, tendrán que comparecer el padre de la familia ocupante, Marcelino Castillo, padre de seis hijos, y el presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, barrio en el que se efectuó la ocupación. Francisca Sauquillo, abogada especialista en temas de carácter ciudadano, será la encargada de la defensa.
EL PAIS: Tanto entidades ciudadanas, como partidos políticos y centrales sindicales han coincidido en dar especial importancia a este juicio. ¿En qué medida sus resultados podrán influir en las restantes ocupaciones producidas hasta ahora?Francisca Sauquillo: Es muy importante porque puede servir de precedente para muchos de los casos en que se ha ocupado una vivienda. En el juicio van a plantearse temas tan importantes como el derecho de toda persona a disfrutar de-una vivienda digna, el significado real de un allanamiento de morada, las responsabilidades que tiene el Instituto Nacional de la Vivienda por consentir que un piso de protección oficial permanezca desocupado. Son temas que se van a plantear a niveles jurídicos y que lo que con este caso ocurra influirá directamente en todas las ocupaciones restantes que esperan regularizarse.
EL PAIS: Las ocupaciones masivas, concretamente en Madrid, se iniciaron el pasado año. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha arbitrado ninguna salida legal al tema. ¿Cómo cree usted que debiera resolverse este problema?
F. S.: En principio hay que pedir la anulación del decreto de desalojo, publicado en el BOE el 28 de diciembre y promulgar otro que asegure el realojamiento a todas las familias necesitadas de vivienda. Hay que exigir la legalización inmediata de todas las ocupaciones efectuadas hasta ahora, después de ver si las familias que han tomado la vivienda están realmente necesitadas.
Para solucionar el tema, hay que hacer una distinción importante entre viviendas construidas con protección oficial y el resto. Para las primeras, el Ministerio debe realizar una investigación para saber con que número de viviendas desocupadas cuenta, ver en qué caso los adjudicatarios están especulando o si no están utilizando la vivienda. En estos casos, el Ministerio debe recuperar automáticamente el piso y proceder a una nueva adjudicación. El tema de las viviendas de propiedad privada es algo diferente, pero hay que partir de que ninguna vivienda puede quedar sin utilizar. Las medidas a aplicar pueden ir desde una fuerte sanción hasta, como se está ha ciendo ahora en Portugal, la obligación de poner en el mercado de alquileres las casas vacías.
EL PAIS: Usted ha hablado de realizar censos y controles de las viviendas desocupadas, pero ¿quiénes debieran ser los encargados de realizarlos?
F. S.: La Administración central no puede hacer estas investigaciones porque puede encontrar graves dificultades para encontrar datos auténticos. El control debe hacerlo la Administración local, porque tiene más posibilidades para conocer tanto las necesidades reales de quienes esperan conseguir un piso como lo que realmente se está haciendo con una tivienda de protección oficial. Esto debe estudiarse con mucho cuidado, porque en principio creo que con el proyecto de ley sobre elecciones locales que el Gobierno ha enviado a las Cortes este control no quedará garantizado. Se piensa sólo en los grandes partidos y no se posibilita la participación de sectores populares.