Editorial:

Las funciones del Senado

LA IMPOSIBILIDAD de cubrir la mayoría de dos tercios en el Senado, pese al acuerdo previo entre UCD y PSOE al respecto, para aproba en trámite de urgencia la ley de Relaciones entre las Cortes y el Gobierno, ya pasada por el Congreso, ha puesto de relieve el potencial de fricciones, desajustes y bloqueos que encierra nuestro sistema parlamentario.Ya en el momento de hacerse pública la ley para la Reforma Política fueron muchas las voces sensatas que se alzaron contra el extraño diseño de un sistema bicameral que atribuía iguales competencias legislativas al Congreso y al Senado, diferenciados ...

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LA IMPOSIBILIDAD de cubrir la mayoría de dos tercios en el Senado, pese al acuerdo previo entre UCD y PSOE al respecto, para aproba en trámite de urgencia la ley de Relaciones entre las Cortes y el Gobierno, ya pasada por el Congreso, ha puesto de relieve el potencial de fricciones, desajustes y bloqueos que encierra nuestro sistema parlamentario.Ya en el momento de hacerse pública la ley para la Reforma Política fueron muchas las voces sensatas que se alzaron contra el extraño diseño de un sistema bicameral que atribuía iguales competencias legislativas al Congreso y al Senado, diferenciados tan sólo por los distintos criterios empleados para la elección de sus miembros. Aparte de la considerable dosis de inexperiencia y arbitrismo implícitos en la fórmula, había poderosos motivos de orden estrictamente político que pueden esgrimir como atenuantes los autores del dislate. En la disputa dentro de las Cortes orgánicas, tal vez la única manera de conseguir la aceptación, aun a regañadientes, de los neofranquistas al proyecto fue aceptar la equiparación entre las dos Cámaras. Luego, el empeño de Alianza Popular en imponer el sistema mayoritario en la equivocada creencia que le resultaría electoralmente propicio. terminó con la fórmula negociada de que sólo el Senado fuera elegido mediante ese criterio. Como luego demostrarían las urnas, las esperanzas de AP carecían de base y la Cámara Alta fue copada por UCD, PSOE, Entessa dels Catalans y los autonomistas vascos; pero de haber acertado los neofranquistas en sus vaticinios. un Senado con mayoría de Alianza Popular y un Congreso con mayoría UCD hubieran dado como resultado un Parlamento inviable.

En cualquier caso, y aun siendo la Cámara Alta no muy diferente en su composición a la Cámara Baja, un sistema hicameral como el actual carece de futuro. Si las mayorías son semejantes, el Senado es una duplicación inútil del Congreso; y si son sensiblemente diferentes, las Cortes pueden quedar bloqueadas. No parece que el sistema unicameral goce de muchas simpatías en la ponencia que actuainiente trabaja sobre la futura Constitución. Aun así, la conservación del Senado difícilmente sería viable sin cambiar profundamente sus supuestos, tanto en lo que se refiere a la forma de elegir a sus miembros como en lo que respecta a sus funciones y competencias. Lo más probable es que termine por imponerse un Senado que sea fundamentalmente una Cámara de las nacionalidades históricas y de las regiones, con competencia legislativa limitada a cuestiones de ámbito propiamente territorial.

Pero, entre tanto, el actual Senado debe conseguir su puesto al sol tomando en consideración las limitaciones de hecho que la actual composición de las Cortes comporta. Ha de resignarse a aceptar que su papel es secundario en el trabajo legislativo; y también a que el protagonismo político corresponde al Congreso, donde los partidos están representados por criterios de proporcionalidad y han enviado a sus líderes. Esto puede ser bueno o malo, deseable o censurable. Pero es un hecho. Dado que UCD y PSOE tienen una presencia mayoritaria en el Senado y que sus parlamentarios están sometidos a la disciplina de partido, resultaría una absurda traba para la celeridad y eficacia del procedimiento legislativo que repitieran, con mejores o peorés palabras, los mismos argumentos ya escuchados en el Congreso a propósito de cada proyecto. Bien es verdad que en la Cámara Alta hay representantes -como el señor Villar Arregui, de Izquierda Democrática, y el señor Satrústegui, de Alianza Liberal- de grupos que carecen de escaños en el Congreso. Y también que entre los senadores de designación real hay personas de significada talla intelectual o corporativa que pueden aportar interesantes contribuciones a los debates aunque no hayan recibido mandato de los electores. No tendría sentido, sin embargo, fomentar una especie de «patriotismo senatorial», entre otras cosas porque la Cámara Alta, tal y como está constituida, sólo tendrá de común el nombre con la que perfile para el futuro la nueva Constitución.

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Las proposiciones no de ley, como las aprobadas la pasada semana, pueden ser uno de los caminos a seguir en la actividad senatorial. Mayor interés podría tener que la Cámara Alta encauzara sus trabajos hacia la formación de comisiones de encuesta sobre los grandes temas de la vida pública, desde la corrupción administrativa hasta la corrección de los abusos de poder. E incluso hay temas, relacionados con problemas territoriales, que podrían preludiar las funciones de un futuro Senado de nacionalidades y regiones. Por ejemplo, una comisión de encuesta sobre los trasvases del Tajo-Segura y del Ebro o sobre la localización de las centrales nucleares.

En cualquier caso, parece indudable que los senadores de UCD y PSOE no deberían ofrecer de nuevo a la opi nión pública y a sus electores el espectáculo nada edifi cante de la pasada semana. Las contradicciones entre su orgullo como senadores y su modestia como miembros de un partido debe resolverse en el sentido de una mayor agilidad y eficacia de la vida parlamentaria.

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