El orden y el terror

POR SEGUNDA vez en el plazo de dos meses, la libertad de expresión ha sido objeto de un criminal atentado. Si el explosivo de goma-dos colocado en Diario 16 produjo sólo daños materiales, el artefacto envíado a la redacción de la revista barcelonesa El Papus ha causado un muerto y varios heridos graves. Se dice, con una frase hecha, que la libertad tiene un precio; pero es dramático que el precio que haya que pagar por ella sea la vida. Una parte considerable de los órganos de opinión de nuestro país consideraron inoportuno el Pleno del pasado día 14, a propósito de...

POR SEGUNDA vez en el plazo de dos meses, la libertad de expresión ha sido objeto de un criminal atentado. Si el explosivo de goma-dos colocado en Diario 16 produjo sólo daños materiales, el artefacto envíado a la redacción de la revista barcelonesa El Papus ha causado un muerto y varios heridos graves. Se dice, con una frase hecha, que la libertad tiene un precio; pero es dramático que el precio que haya que pagar por ella sea la vida. Una parte considerable de los órganos de opinión de nuestro país consideraron inoportuno el Pleno del pasado día 14, a propósito de las cuestiones de orden público, entre ellas la impunidad de la que gozan los grupos incontrolados de la extrema derecha. Tal vez el luctuoso suceso de ayer haga reflexionar a quienes consideran un tema menor, no prioritario y de importancia secundaria, todo lo relacionado con la supervivencia, dentro del aparato del Estado, de oscuras conexiones y extrañas connivencias, que las propias fuerzas de orden público son las primeras interesadas en sacar a la luz y erradicar. Los secuestros y atentados de los GRAPO, los asesinatos de Carlos González y Arturo Ruiz, la brutal matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha y la actuación de agentes provocadores en la Diada barcelonesa, o bien no han llegado a ser suficientemente aclarados, o bien revelaron asombrosas connivencias dentro de sectores periféricos del aparato estatal.La gravedad de esa situación se acentúa por la evidencia de que en estas operaciones intervienen delincuentes habituales, del mundo del hampa en mayor proporción aún que personajes perturbados, movidos por el ensueño del retorno de un nuevo Hitler. Son con frecuencia puros profesionales, simples mercenarios que lo mismo pueden volar un periódico o secuestrar a un alto dignatario en España que alistarse en las «guerras sucias» que tienen como escenario Africa o Asia.

Pero esta peligrosa mezcolanza, formada por dementes que abrazan la ideología fascista y desesperados para quienes el crimen es una profesión, sólo es el brazo armado de intereses que buscan la desestabilización del proceso democrático español, en cuyo contexto cobra sentido la ofensiva criminal contra la libertad. Y eso es lo que todos los ciudadanos españoles, desde el Parlamento, las columnas de la prensa o la simple tranquilidad ciudadana tenemos derecho a exigir al Gobierno que controle a los incontrolados, que destruya los últimos nidos que les sirven de protección en la periferia de los propios servicios estatales, y que desenmascare ante la opinión pública a los grupos de intereses y a los servicios internacionales que se mueven en el fondo del escenario. De otro modo, el señor Martín Villa tendrá que mostrarse más convincente a la hora de explicar que, verdaderamente, defiende el orden público.