El "impasse" de la posición española

El problema de Gibraltar puede ser puesto en un contexto totalmente favorable a España, con tal de que las autoridades políticas y los funcionarios de Asuntos Exteriores sean capaces de mirar más allá de ese pequeño capital político constituido por el Tratado de Utrecht y las resoluciones de las Naciones Unidas favorables a España, que tan inefectivamente han venido blandiendo hasta ahora. Ni la cambiada realidad de una España democrática ni el crecimiento de una conciencia de identidad gibraltareña, que hace que los habitantes del Peñón se vean más y más como sujetos de una situación colonial...

El problema de Gibraltar puede ser puesto en un contexto totalmente favorable a España, con tal de que las autoridades políticas y los funcionarios de Asuntos Exteriores sean capaces de mirar más allá de ese pequeño capital político constituido por el Tratado de Utrecht y las resoluciones de las Naciones Unidas favorables a España, que tan inefectivamente han venido blandiendo hasta ahora. Ni la cambiada realidad de una España democrática ni el crecimiento de una conciencia de identidad gibraltareña, que hace que los habitantes del Peñón se vean más y más como sujetos de una situación colonial, que afecta a ellos de otra forma pero tanto como a España, avalan el sostenimiento del status quo de las posiciones diplomáticas españolas.La percepción que de sí tiene el pueblo gibraltareño como pueblo colonial opera a favor del crecimiento de su sentido de identidad, y este sentido refuerza el valor moral del principio de autodeterminación y debilita la coartada política sobre la que Gran Bretaña justifica la continuacion de su presencia, ya que la autodeterminación de la comunidad igbraltareña no tiene ahora otra pared contra la que golpear que la situación colonial. A su vez, la identidad y la autodeterminación obligan a España a una renuncia de sus tesis anexionistas, por muy respaldadas que estén por los grandes documentos y por muy suavizadas que hayan sido por la promesa de estatutos jurídicos especiales, dado que aquéllas son impracticables e innecesarias en una España democrática que quiere incorporarse a Europa.

Aquella renuncia, a su vez, desbloquearía la posición diplomática española, permitiéndola conducir el arreglo del problema por la doble vía del entendimiento con los gibraltareños y del reparto de funciones defensivas dentro del esquema occidental, en que el capital político-estratégico que reporta el control del estrecho de Gibraltar debería ser aportado por España junto con las principales potencias marítimas, entre ellas seguramente Gran Bretaña.

Esta aproximación al tema refleja estados de opinión bien esta.blecidos en Gibraltar, y coincide en parte con apreciaciones de diplomáticos españoles y británicos. Entre los diplomáticos españoles no todos comparten el espíritu beligerante de los que se proclaman herederos del castiellismo militante.

Tampoco debe confundirse esta apreciación con una recomendación para que se levanten las restricciones fronterizas y se reduzca el casi total aislamiento que padece la colonia respecto de España. En una reciente visita a Gibraltar, este redactor ha podido constatar que el centro de gravedad de la conciencia pública gibraltareña se ha desplazado hacia la percepción de la situación colonial que padece el pueblo, pasando a segundo término la obsesión por el aislamiento, galanamente superada gracias al buen ánimo de los «escorpiones», a su inventiva mercantil y a su educación política.

Los que ven la apertura de la frontera como algo que España debe a los gibraltareños son los miembros del partido de Sir Joshua Hassan, ministro principal de la colonia, y la burguesía proinglesa. Sir Joshua me dijo que la apertura de la frontera sería «la enmienda que un Gobierno democrático español debe hacer a unas medidas crueles que nos impuso un Gobierno fascista». Sir Joshua, por lo demás, piensa que «la presencia británica es la garantía sine que non de nuestros derechos y libertades». Otros sectores, sin embargo, entre ellos algunos líderes sindicales y parte de la prensa, junto con jóvenes hombres de negocios, piensan que la presencia militar británica no puede sino constituir un motivo de afrenta a España, y que es lógico que ésta reaccione con medidas restrictivas contra unapoblación detrás de la cual se escudan intereses ajenos a los gibraltareños. El levantamiento de todas las medidas restrictivas ahora, me dijo José Manuel Trias, abogado partidario de un arreglo negociado con España, «significaría la reducción de la presión que nos está empujando a adquirir conciencia de nuestra situación colonial y de nuestro propio sentido de la identidad».